| COMO RESULTADO DIRECTO DE LA APROBACIÓN DEL NEFASTO TRATADO MINERO CHILENO-ARGENTINO DEL AÑO 2000, AL INTERIOR DEL HUASCO SE HA TRAZADO UN PELIGROSO PROYECTO DE EXPLOTACIÓN MINERA CONOCIDO COMO PASCUA-LAMA, DE MANOS DE LA TRANSNACIONAL BARRICK GOLD CO., CUYA PRIMERA ACTIVIDAD CONSISTIRÍA EN REMOVER Y TRASLADAR LOS GLACIARES QUE ALIMENTAN LA RED HÍDRICA NATURAL DE TODA LA ZONA, VITAL PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE LA REGIÓN. ESTE ESCANDALOSO PROYECTO HA ESTADO ACOMPAÑADO DE UNA SERIE DE OSCURAS INFLUENCIAS DE LA BARRICK GOLD Y SUS CÓMPLICES A NIVEL DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y GUBERNAMENTALES. *******************************************
El Proyecto Pascua-Lama constituye un ambicioso plan de explotación y depredación internacional de recursos mineros no renovables, situados al interior de la Región de Atacama, en la naciente de los principales recursos hídricos de la zona del Huasco. Pertenece a la poderosa firma Barrick Gold Co. Generalmente esta referencia es el punto de partida para todos los ensayos publicados en relación al proyecto, pero la visión contextual e integral de los hechos obliga a abordar el problema esencial desde su origen, haciendo remontarnos hasta la verdadera madre de este engendro: el nefasto y peligroso Tratado de Integración Minera chileno-argentina. En marzo de 1990, asumía el poder el Presidente de la "transición", Patricio Aylwin Azócar, un demócrata cristiano clásico pero ligado a las escuelas americanistas e integracionistas de la política opositora al Régimen Militar, como gran parte de la Concertación de Partidos por la Democracia que llegaban a La Moneda. En estas circunstancias, Aylwin Azócar -ex defensor del alzamiento militar del 1973 y de los primeros años de gobierno de la Junta- inició de inmediato una campaña internacional para presentar ante el mundo la imagen chilena de un régimen abierto y democrático, imbuido de deseos pacíficos de integración y contrario a la vehemencia militarista y a los nacionalismos. A su vez, y como premio a una bajada de precandidatura presidencial para favorecer la concentración de fuerzas en torno al líder DC, Aylwin Azócar designó para su Cancillería al radical Enrique Silva Cimma, dirigente político de escaso brillo y también convencido de las ideas integracionistas e internacionalistas que animaban al nuevo gobierno. Súmese a esta combinación la existencia de una gran cantidad de políticos "retornados" (es decir, personajes muy ignorantes de la realidad del país, que habían pasado sus exilios en grandes potencias del mundo presenciando procesos propios a las realidades culturales de esas naciones y que pretendían ahora copiar en Chile) colocados en puestos claves del gobierno, desde donde proclamaron toda clase de experimentos fraternos con la comunidad vecinal que, por entonces, miraba a Chile con algo de recelo y desconfianza. Los efectos de esta nueva filosofía gubernamental no se harían esperar y, al año siguiente, el Presidente Aylwin y su homólogo peronista argentino Carlos S. Menem, firmaron una abominable Declaración Presidencial que tenía por objeto abrir la revisión de las fronteras entre ambos países, a pesar de estar perfectamente definidas por mecanismos anteriores, bajo el pretexto de la necesidad de resolver "puntos pendientes" en las relaciones de ambos países. En medio de esta progresión de consecuencias escabrosas generadas por la obsesión de dar curso a los caprichos integracionistas mal elaborados y políticamente impulsivos, sin ajustes a la realidad continental, surgió la propuesta de estrechar entre Chile y Argentina un gran vínculo comercial y minero, a través del llamado Tratado de Integración Minera. Dicho de modo simple, correspondía a plan de cooperación entre ambos países para la explotación de yacimientos en las zonas cordilleranas limítrofes, elaborado con tal prisa e irresponsabilidad que no se consideraron en él los problemas que acarrearía a la economía ya entonces afectada por la sobreproducción de cobre y otros metales, ni por el daño al medioambiente que necesariamente generaría al alcanzar sectores cordilleranos y nacientes de ríos, ni por las consecuencias geopolíticas de acercar a la nación platense casi encima de la escasa profundidad estratégica que ofrece Chile entre la cordillera y el mar del Pacífico, sobre el cual la Argentina sigue aspirando poseer una salida física. Las consecuencias a largo plazo de este siniestro tratado tampoco son menores: Chile le entregará por nada toda su experiencia minera histórica a la Argentina, creando así un competidor y que, como se sabe de sobra, el país platense siempre ha tendido a comportarse como un adversario comercial de Chile. Además, el cobre chileno terminaría de ser regalado a los consorcios extranjeros al aumentar la producción a través del Tratado Minero. Tampoco llegaron a ser definidos mecanismos de equilibrio, pues es evidente que la Argentina, con sus enormes problemas sociales y económicos y una masa de cesantía enorme, intentará ocupar la mayor parte de las plazas de trabajo y los puestos que el proyecto sea capaz de generara, y que se ha calculado en unos 20 mil puestos, supuestamente. Lo cierto es que la Argentina nunca ha permitido que impere el equilibrio en sus relaciones con Chile, recurriendo con frecuencia a medidas proteccionistas e intervencionistas, y llegando incluso a violar acuerdos si lo cree necesario, como ocurrió al subir los aranceles a Chile cuando éste acababa de asociarse al Mercosur, o después al desconocer el Convenio del Gas de 1995 ordenando recortes ilegales de suministro alegando falta del recurso, en circunstancias de que aumentó las cuotas internas de distribución precisamente a costas del gas supuestamente reservado a Chile. A pesar de todos estos inconvenientes, el Tratado fue propuesto, defendido y hasta reverenciado por varios Senadores y Diputados de la República, presas de un extraño servilismo hacia la Argentina y hacia los intereses de las transnacionales que se escondían en las sombras de este proyecto. Representantes de la Corporación de Defensa de la Soberanía y de Chilenos por Campo de Hielo Sur asistimos personalmente a observar y difundir la discusión del proyecto en el Senado, hasta donde concurrió insistentemente la entonces Canciller Soledad Alvear, haciéndose acompañar de la Directora de Fronteras y Límites de Chile, doña María Teresa Infante.
Hemos dicho que la transnacional Barrick Gold es la que sustenta en proyecto de Pascua-Lama. Pues bien: resulta ser esta misma compañía minera internacional la que ha estado desde la propuesta del Tratado Minero en adelante, tras bambalinas de todo este proceso de integración chileno-argentina, cínicamente decorado con guirnaldas de fraternidad, cooperación y buena vecindad, cuando lo cierto es que ocultan su único y prioritario objetivo: el lucro en proporciones millonarias. Cabe señalar que Barrick Gold se encontraba operando en Chile desde mediados de los noventas. Barrick Gold Company es una poderosa empresa transnacional con sede en Canadá, la tercera en importancia mundial en la producción de oro. Fue fundada por un grupo empresarial liderado por comerciante saudí Adnan Khashoggi, vinculado al tráfico internacional de armamentos, y se ha sugerido que el empresario texano y ex Presidente de los Estados Unidos, George Bush sería un activo inversionista y colaborador de esta firma, al punto de habérsele entregado grandes concesiones de explotación de oro, diamantes y petróleo como agradecimiento al apoyo político y financiero logrado por la empresa durante el conflicto militar de Zaire. También figuran en su directorio el magnate venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, el millonario más acaudalado de América del Sur y con gran influencia sobre Kofi Annan y la ONU, y con un currículo de intervencionismos sobre el resto del continente. Ya antes la compañía había tenido graves problemas en Perú y en Australia, que le costaron la paralización y retiro de sus proyectos mineros. Entre otras cosas, sus procedimientos de extracción y relave han sido prohibidos por legislaciones como la de los Estados Unidos. Es bien sabido que, desde un inicio, Barrick Gold actuó ejerciendo una inmensa presión para que a ambos lados de la cordillera de los Andes se aprobara el Tratado de Integración Minera chileno-argentino, pues era la única forma viable y efectiva con que la empresa podría echar manos a los ricos yacimientos cupríferos y auríferos de Pascua-Lama, ya que la zona se encuentra en un sector cordillerano fronterizo, compartido por ambos vecinos, y el 75% del total del yacimiento se encuentra en territorio chileno. Para el caso argentino sería fácil conseguir la aprobación, pues el Tratado Minero otorga una enorme cantidad de beneficios al país platense, además de entregarle gratuitamente todos los conocimientos y la experiencia minera chilena de la que él carece. El problema era, entonces, convencer a Chile de las bondades de un proyecto de integración que, como hemos descrito, ofrece peligros y escollos por todos lados contra el interés chileno. Los grandes aliados de los intereses de la Barrick Gold fueron los Presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos S. Menem, de Chile y Argentina respectivamente, quienes en 1997 firmaron un convenio de mutua cooperación para incentivar la inversión extranjera en la minería de ambos países. Cosa curiosa pues, como también hemos indicado, en esos precisos momentos la minería chilena pasaba por una incipiente crisis, al caer los precios de los metales por sobreproducción y falta de regulación en la industria, especialmente en el cobre, de modo que la urgencia no era incrementar la extracción, sino dosificarla para regular los precios. La falta de visión de estos dos pésimos estadistas se reflejó al año siguiente, cuando el convenio debió ser paralizado luego de la abrupta caída del precio del cobre, que cayó a 0,71 dólares por libra en 1998, luego de haber estado a 1,33 dólares sólo tres años antes. A pesar de todo, Frei Ruiz-Tagle insistió en la necesidad de reactivar el proyecto. Coincidió el año 2000 con el cambio de gobierno, cediéndolo a Ricardo Lagos Escobar para entrar ahora al Congreso Nacional como Senador designado. Desde su asiento en el Congreso, el ex presidente defendió sin tregua el proyecto del Tratado Minero, contando con una gran cantidad de aliados entre los políticos de todo el espectro. A esas alturas, ya era un secreto a voces que la Barrick Gold estaba detrás del proyecto de tratado. Cabe destacar que el Tratado Minero y las intenciones de la Barrick Gold generaron una serie de situaciones altamente sospechosas. Hubo incluso un Senador que, tras criticar y anunciar su negativa a darle el voto al tratado, se arrepintió en el último momento, aprobando el proyecto. El Tratado de Integración y Cooperación Minera chileno-argentina fue aprobado el 29 de agosto de 2000. Con ello, quedaba el camino libre para la consolidación del temido proyecto Pascua-Lama. Decididos a detener esta bomba de tiempo, un grupo de parlamentarios presentó un Requerimiento de Inconstitucionalidad del Tratado Minero, patrocinado por el abogado Julio Stuardo González, bajo la tesis de que el Estado de Chile no está facultado para autorizar explotaciones mineras sobre suelo argentino. Los firmantes fueron los senadores:
A pesar de todo, el tratado, finalmente, fue publicado el 7 de febrero de 2001. Barrick Gold y las demás transnacionales habían ganado, de modo que la compañía inició de inmediato las gestiones para comenzar la explotación de los yacimientos metalíferos de Huasco.
A pesar de la importancia que han tenido los grupos ecologistas en la lucha contra el proyecto Pascua-Lama, uno de los hechos más intrigantes y sospechosos es el mutismo en que estos grupos "verdes" permanecieron durante todo el período en que se discutía el Tratado Minero en el Congreso Nacional. Salvo por contadísimas excepciones, estos mismos activistas que no han tenido escrúpulos para involucrarse en otras actividades de profundo contenido político (como invitar al entonces agitador boliviano Evo Morales a un encuentro sobre el valor del océano, en una ocasión, cuando éste acababa de declarar su simpatía por la posibilidad de una guerra con Chile) se marginaron voluntariamente de un tema que, por su propia naturaleza, tenía una poderosa relación con el impacto sobre los ecosistemas de la cordillera y los valles descendentes. Fuera del ambiente político, la hipocresía con que actuaron muchas ONG's del "cartel verde" chileno también resultó casi irritante, a la luz de los acontecimientos. A pesar de las graves consecuencias medioambientales que involucraría la materialización del tratado, y que fueron perfectamente anticipadas con estudios e informes concretos durante la discusión del proyecto en ambas cámaras, prácticamente todos los grupos guardaron el más completo silencio que hemos descrito. Cosa doblemente curiosa si pensamos que, en similar período de tiempo, los mismos se alzaban bulliciosamente contra el proyecto hidroeléctrico de Alto Biobío o en apoyo desagarrado a los monopolios territoriales de Douglas Tompkins en el Sur de Chile. Por esta razón, corresponde denunciar que sólo después de aprobado el Tratado Minero, cuando los hechos ya están consumados en gran medida con respecto a los planes de la Barrick Gold, han alzado su voz contra Pascua-Lama en circunstancias de que mantuvieron una quietud sepulcral frente a la causa principal de todos estos males. Pero las intrigas de la "integración minera" no terminaron allí: Como era de esperar, el primer gran problema ambiental potencial fue el acarreado por el Tratado Minero y su engendro el Proyecto Pascua-Lama. Sin embargo, muchos parlamentarios y dirigentes que aprobaron el Tratado Minero, más tarde se presentaron como furibundos detractores de Pascua-Lama y de la Barrick Gold, en circunstancias de que ellos mismos ayudaron a forjar el martillo que ahora golpeará la cordillera del Huasco con consecuencias aborrecibles. Tal es el caso de los entonces Diputado PS Alejandro Navarro y su colega PPD Guido Girardi, ya que ambos votaron a favor del Tratado Minero a mediados del año 2000. La influencia "verde" sobre el Gobierno no fue menos intrigante. Poco antes de la publicación del Tratado Minero, a principios de 2001, el Gobierno de Lagos Escobar y la Corporación Nacional de Medio Ambiente (CONAMA, cuya dirección recaería en un miembro ligado estrechamente a Douglas Tompkins) aprobaron el Proyecto Pascua-Lama que, anteriormente, había sido postergado en al menos dos ocasiones: primero, en noviembre de 2000 y luego en febrero siguiente. Volvemos a repetir a riesgo de majadería: Pascua-Lama es la primera consecuencia directa de la aplicación del nuevo Tratado Minero. La empresa trabajaría a través de sus filiares por 20 años mínimo, y esto difícilmente no podría haber estado en conocimiento de quienes aprobaron el tratado. Como vemos, la esquizofrenia política de La Moneda alcanzó para apoyar simultáneamente proyectos tan opuestos como Pascua-Lama y Parque Pumalín, bajo conceptos absolutamente dispares, al punto de que se cruzan como argumentos a favor y en contra para cada uno de los dos casos, pues cerca de un año más tarde, el mismo gobierno aprobaba la creación de un Santuario en las controvertidas tierras australes monopolizadas por la Ecología Profunda.
Barrick Gold estaba operando en Chile desde 1994, cuando inició gestiones para la explotación del mineral de El Indio, al interior de la IV Región, donde fue objeto de una polémica por la elaboración de balances que le permitían eximirse del pago de impuestos. Su interés sobre el Huasco nace aproximadamente en 1997, cuando la transnacional descubre la presencia de millonarias betas de doré (oro y plata) y concentrado de cobre en el territorio fronterizo 150 kilómetros al Sureste de Vallenar en Huasco (y a 300 kilómetros al Noroeste de San Juan, por el lado argentino), en la zona conocida como el Valle de San Félix, un atractivo centro agrícola de la III Región donde la mayoría de los habitantes se dedican a las actividades del campo, facilitadas por la existencia de los ríos y esteros que nacen de los glaciares cordilleranos de la zona, conocidos como Toro I,. Toro II y Esperanza. Según los cálculos de la empresa, las reservas mineras del yacimiento de esta zona serían:
Cabe señalar que el proyecto, apodado despectivamente "Oro Sucio" por sus detractores, sería realizado por las empresas filiares Compañía Minera Nevada S.A., Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. La actividad minera en Pascua-Lama prevé una remoción diaria de casi 50 toneladas de material, lo que, a su vez, involucraría un movimiento de transportes y un levantamiento de partículas en suspensión sólo comparable a las de los más grandes centros mineros del mundo. A ello se suma el desplazamiento constante de cargas altamente tóxicas, como ácidos y removedores, de los que Barrick Gold tiene antecedentes por manipulación y contaminación irresponsable en extracciones realizadas por la compañía en territorio australiano. Barrick Gold partiría abriendo sobre el yacimiento dos enormes boquetes (se ha dicho incluso que más grandes que el mineral Chuquicamata) y trasladando gran parte del hielo glacial de los valles naturales cordilleranos del límite fronterizo, en la zona conocida como Pascua-Lama que alimentan los ríos. Cabe advertir que un experimento de modificación de paisaje, como es éste, jamás se había realizado antes en el mundo, por lo que ya ha desatado la fuerte oposición de los campesinos de la zona, de ambientalistas y de grupos nacionalistas que visualizan el peligro de semejante proyecto. Nótese que buena parte de los 1.500 millones de dólares que pretende invertir la empresa en este yacimiento serán para construir instalaciones industriales y un campamento minero, lo que también alteraría gravemente la calidad de vida en estos territorios rurales, de uso fundamentalmente agrícola. Como dijimos, durante el año 2001 el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar, la Conama y la Corema de la III Región aprobaron un proyecto descomunal que Barrick Gold venía presentando desde agosto del año anterior, justo cuando se aprobaba el Tratado Minero: explotar por 20 años mínimo los yacimientos de la III Región. Parece insólito, así, que el primer proyecto presentado en cumplimiento del Tratado Minero sea tan cuestionable y peligroso, funcionando quizás como un siniestro anticipo de lo que se debe esperar mientras esté vigente este infame acuerdo. Sin embargo, sobre la remoción de los glaciares rondaba una serie de nebulosas y confusiones. En el Estudio de Impacto Ambiental proporcionado por la propia empresa a la Corema durante el 2001, no se admitía en ninguna parte que que la actividad involucraría la intervención de estos hielos, situación que fue denunciada por miembros de la comunidad agrícola de Huasco y después por organismos internacionales de corte ambientalista que, curiosamente, conocían con mayor detalle el caso Pascua-Lama antes de que lo hiciera la propia opinión pública chilena. Filtrada la información de que los glaciares serían necesariamente intervenidos, Barrick Gold reaccionó completando su Estudio con un Plan de Manejo de Glaciares, durante el año 2004, según el cual éstos serían "desplazados" hasta otro lugar cercano, quitando la costra de hielo de toda el área donde se realizarían las faenas de extracción. Otro aspecto peligrosísimo es que los trabajos alcanzarán a tocar las nacientes de los ríos, contaminándolas con ácidos, arsénico y material de relave, abriendo la posibilidad de que se cometan nuevos crímenes ambientales como los que afectaron a la cuenca del Loa, en el Norte de Chile, precisamente a consecuencia de similares actividades mineras. Al este daño se suma el costo medioambiental que han provocado históricamente las faenas de extracción de oro y plata, especialmente por el relave, la suspensión de partículas y la contaminación de los ríos en amplios radios alrededor de los trabajos, por lo que el daño podría ser catastrófico. Por sobre todo, resulta incomprensible que esté avalado por un Gobierno que, en nombre de la "ecología", se ha mostrado ciegamente defensor y hasta servil con magnates monopolizadores del territorio austral, como Douglas Tompkins y su Parque Pumalín. Por estas y por varias otras razones, la Corema rechazó el Plan de Manejo de Glaciares del 2004 -y con ello al Estudio de Impacto Ambiental completo-, especialmente ante la evidencia de que implicaría un daño directo sobre el recurso del agua, vital para las actividades agropecuarias del sector. Es más: está demostrado que las meras pruebas iniciales efectuadas por encargo de la Barrick Gold en la zona de San Félix para la presentación del proyecto, infinitamente inferiores a la magnitud de la intervención medioambiental que involucraría el inicio de las faenas propiamente tales, produjo una reducción considerable de dos de los glaciares, a causa del levantamiento de material particular y polvo de las excavaciones, residuos que se adhirieron al hielo e impidió el rebote de la luz solar al alterar la capacidad reflectante del mismo, provocando la absorción de calor y el consecuente derretimiento de gran parte de su materia. Esto da un inquietante indicio de la altísima sensibilidad de la zona comprometida. Actualmente, el Proyecto Pascua-Lama sigue generando una gran atención internacional por las particulares características que implica. No deja de indignar, sin embargo, que varios parlamentarios y autoridades que gesticulan ahora como opositores al proyecto minero, en su momento fueron decididos defensores y cómplices del Tratado Minero y, por ende, de la Barrick Gold, en esos días en que nuestra propia Corporación de Defensa de la Soberanía y más de algún patriota, fueron acusados por algunos de estos mismos personajes de utilizar el tema medioambiental con fines políticos y chovinistas.
Cabe advertir que Barrick Gold no guarda demasiada etiqueta a la hora de intentar influir sobre los resultados de los estudios y las aprobaciones que espera para sus proyectos. El 30 de junio de 2005, por ejemplo, fue firmado un protocolo entre su filial Compañía Minera Nevada y los regantes de la Junta de Vigilancia del Río Huasco, en donde la empresa se comprometía con 60 millones de dólares para la comunidad local si ésta no se oponía al Estudio de Impacto Ambiental. Por esta razón, la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos solicitó una medida cautelar que detenga la aplicación de dicho acuerdo ante la Dirección General de Aguas del MOP, declarándolo ilegal, para lo cual los demandantes se hicieron asistir por la Clínica de Acciones de Interés Público y DDHH de la Universidad Diego Portales. Curiosamente, en medio de las discusiones finales con la Corema, este grupo de dirigentes sociales de la Provincia del Huasco y otros defensores del proyecto liderados por el concejal RN Pablo Ogalde, entregaron a la Presidencia de la República una carta en la que hacían público su apoyo a Pascua-Lama, bajo perspectiva de desarrollo económico y reducción de la cesantía en la zona. Al respecto, sin embargo, el Senador radical Nelson Ávila, declaró molesto a un medio de prensa que los firmantes era sólo "el grupito que ha sido favorecido por la Barrick Gold, en una vergonzosa operación de silenciamiento, a través de un compromiso financiero". Nuestra Corporación de Defensa de la Soberanía ha recibido también algunas denuncias de ofertas de compras de terrenos cercanos a las faenas por parte de gente presuntamente ligada a la compañía, coincidente con el levantamiento de un juicio por parte de pretendidos representantes de comunidad de Huasco. La oferta con la que contamos especifica una propuesta de compra del 1% sobre los derechos en una demanda que tendrían algunos comuneros contra el proyecto, equivalente a unos 12 millones de pesos con un regreso o ganancia de 90 millones una vez ganado el litigio. Desde entonces, otro extraño caso gira en relación a las excusas sociales con que se pretende justificar el Proyecto de Pascua-Lama, principalmente en lo referido a las plazas de trabajo que, supuestamente, generarían las faenas de extracción en la cordillera de la III Región, donde las tasas de desempleo superaban el 10% a la sazón. Al respecto, cobra vital importancia un acontecimiento que pasó sin mucha publicidad por nuestros medios de comunicación a principios de 2006, luego de que, el 5 de enero, se anunciara la suspensión del megaproyecto Agrosúper, empresa ligada a Gonzalo Vial, para el Valle del Huasco, y que contemplaba una inversión de 500 millones de dólares para construir una planta procesadora de carnes de cerdo y de aves, la habilitación de predios para el cultivo de cítricos y un proyecto adicional para elaborar aceite de oliva en toda esta zona, con lo que se aportarían cerca de tres mil puestos de trabajo en su construcción y entre 2.500 y 3.500 más cuando se hayan iniciado operaciones. Pascua-Lama, por su parte, ofrece 5.500 empleos durante los levantamientos y excavaciones iniciales, y cerca de 1.500 permanentes una vez iniciadas las faenas. A diferencia de la Barrick Gold, sin embargo, el proyecto Agrosúper potenciaba las actividades agropecuarias que ya existen en la zona y exigía mantener un medioambiente de trabajo sano, para así consagrar el éxito de las actividades previstas. Sin embargo, la decisión de terminar con los planes se tomó luego de que la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) de la III Región formulara tal cantidad de reparos y exigencias al proyecto que el plan general fue prácticamente desmantelado. O, como señalara el Gerente General de Agrosúper, José Guzmán Vial, "Esto es como si para un edificio de 20 pisos sólo nos aprobaran los primeros cinco, y eso para cualquier inversionista común es inviable", ("El Mercurio" del jueves 6 de enero de 2006). Ante los hechos, Agrosúper decidió preparar una apelación ante el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, anunciando la posibilidad de trasladarse a otro sector geográfico, lo que privaría a Huasco, Vallenar y Freirina de una de las pocas posibilidades de desarrollo limpio que se le hayan ofrecido en las últimas décadas. Las suspicacias de la actitud de la Corema, tomando en consideración la permisividad del gobierno para con el Proyecto Pascua-Lama, no son gratuitas. Recordemos que la Corema de Atacama ya había aprobado el proyecto de la Barrick Gold durante el 2001. El 7 de diciembre de 2005, este mismo organismo ya había aprobado por 18 votos contra uno el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Agrosúper en su totalidad, de modo que no se explica en razones medioambientales el cambio de actitud ni el principio por el cual un voto minoritario pasó a ser mayoría en menos de un mes. Es insólita e inexplicable la flexibilidad que la Corema mostró con Pascua-Lama, comparada con la sospechosa severidad con que reprobó los planes de Agrosúper. Se sabe de sobra que, para alcanzar el éxito de sus planes en Pascua-Lama, la Barrick Gold necesita seguir presentándose ante la opinión pública y ante las autoridades como la única y más viable opción de constituir un polo de desarrollo en esta región del Huasco y un foco de generación de empleos. La salida del proyecto Agrosúper, entonces, está en plena coherencia con sus intereses y con los de quienes, desde el Gobierno y el Congreso, pretenden amparar este escandaloso plan de depredación de recursos al interior del Huasco. Debe tenerse en cuenta, además, que Barrick Gold se ha dado el gusto hasta de hacer modificaciones al proyecto originalmente aprobado en el año 2001, al cambiar el tipo de apertura que se hará sobre los yacimientos y al trasladar a territorio chileno el enorme campamento minero que, en principio, se había trazado del lado argentino. En noviembre de 2005, además, insistió afirmando ahora que sólo se intervendrían cinco hectáreas de los glaciares originalmente considerados, cuando el año anterior, en su Plan de Manejo de Glaciares, hablaba de desplazamientos enormes de hielos y de remociones en al menos tres sistemas glaciales de la zona. No cabe duda, por todo lo visto, que el Proyecto Pascua-Lama constituye uno de las inversiones más oscuras y con mayor manejo tendencioso de la información, en favor de los intereses de un poderoso grupo depredador internacional. Como era de esperar, luego de varios días de intensa deliberación, el 15 de febrero de 2006 la Corema de la Tercera Región aprobó por unanimidad el Proyecto Pascua-Lama, aunque con la expresa condición de no tocar los glaciares. Después de tantas volteretas, ahora resultaba que el plan de extracción no requería de la intervención de los glaciares (!). La Conama, por su parte, aprobó el proyecto el 13 de junio siguiente, con lo que se completó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de diciembre de 2004. Con ello, y tras el rechazo a 44 reclamaciones contra el proyecto (la Conama sólo había acogido dos), la Barrick Gold comenzó a contar ya con todas las autorizaciones necesarias para iniciar sus actividades. Mientras esto sucedía en Chile, en la provincia argentina de San Juan la televisión local transmitía insistentemente los comerciales de una millonaria campaña publicitaria pagada por la propia Barrick Gold para evitar una reacción de rechazo al proyecto de explotación que recaería sobre el cerro Veladero, en Iglesia, de parte de las comunidades de la zona. Entre otras cosas, la pauta prometía una gran cantidad de empleos y salarios de mil pesos argentinos mínimo. Al mismo tiempo, la compañía hizo bulliciosos regalos de beneficencia, incluidas una ambulancia y material para las escuelas. Por supuesto que esta publicidad también buscaba vulnerar las graves acusaciones contra Barrick Gold en Argentina, que incluyen hasta la contaminación del agua potable de los poblados. Aunque el caso de la demanda del señor Rodolfo del Villar lo abordaremos más abajo, también corresponde considerar en el punto que atendemos la grave denuncia realizada por los abogados Hernán Montealegre y Mónica Madariaga en la sede del Poder Judicial, el 18 de octubre de 2006, acusando que había un ministro de la Corte de Apelaciones y dos en la Corte Suprema que estaban haciendo uso de sus influencias para evitar que el juicio de Villar contra Barrick Gold llegara a término. Entrevistada por un medio, Madariaga incluso aseguró que estos dos últimos supremos tendrían relación con la compañía minera, aunque se reservó los nombres (Radio Universidad de Chile - 102.5, 19 de octubre de 2006). Aseguraron también que había presiones indebidas de parte de los abogados Gabriel Cáceres, Darío Calderón, Gonzalo Nieto Valdés y el estudio "Vergara, Labarca y Concha", quienes mantenían lazos con el Ministro de la Sala de Cuenta de la Corte de Apelaciones, Juan Mera Muñoz, quien habría modificado indebidamente una resolución para agregar una apelación a la sentencia definitiva que favorecía los intereses de Villar y perjudicaba los de la compañía minera, situación que fue rectificada en el derecho al intervenir la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gabriela Pérez, quien -según declaró Madariaga- advirtió el asunto y recuperó el normal curso de la causa. Pero la gravedad de esta denuncia no terminaba allí, pues los propios abogados defensores habían reconocido durante el proceso que entre los "nuevos socios" accionistas de la Barrick Gold habían varios Ministros de la Corte Suprema.
Parecía todo listo para el inicio de las temidas faenas, cuando el día 19 de junio de 2006, la Jueza del 14º Juzgado Civil de Santiago, María Isabel Reyes Kokisch, dictó sentencia en un juicio que estaba caratulado como "Villar Rodolfo con Compañía Minera Nevada", con el Rol Nº 1912-2001, y que hasta entonces parecía casi ignorado por los medios de comunicación y por los propios partícipes de la controversia. Como hemos visto, la Compañía Minera Nevada es una filial de Barrick Gold. Con el propósito de dar curso a las actividades de extracción que se proyectaban, el 4 de marzo de 1997, esta compañía había celebrado un contrato de compraventa de terrenos con el ingeniero en minas Rodolfo del Villar García, por una cifra que terminaría siendo insólita: sólo diez mil pesos más de 8.000 hectáreas de concesiones mineras. Veremos en qué circunstancias se dio este escándalo. Villar había vendido por un millón de dólares a la Compañía Minera Nevada, unas 8.200 hectáreas en los sectores de Amarillo Sur y Amarillo Norte, en 1997. Amarillo Sur, de 3.100 hectáreas, se sitúa la cara superior de la zona de Pascua-Lama propiamente tal, rodeando a la propiedad por sus costados norte, oeste y sur, pasando por allí gran parte del acceso a las faenas. Sin embargo, pasó el tiempo y Villar no recibió ningún dinero. Cuando viajó a Santiago para averiguar qué sucedía, descubrió que en el contrato de compraventa la Compañía Minera Nevada había reinscrito estas posesiones con el nombre de Tesoro y que a Villar sólo le pagarían los diez mil pesos que hemos comentado, procediendo entonces a iniciar las acciones legales el año 2001. No le fue bien en un principio a Villar. Hacia fines del 2006 estaba prácticamente perdiendo el juicio de primera instancia en el 14º Juzgado de Letras de Santiago, pues la acusación de falsificación de escritura pública donde se cambió el compromiso de pago de un millón de pesos, era imposible de comprobar. Sin embargo, coincidió que en este período la asesoría legal asumió un nuevo y eficaz enfoque gracias al conocido abogado Hernán Montealegre, quien logró darle el giro necesario al asunto al argumentar en 350 carillas, una demanda de nulidad absoluta de contrato de compraventa, usando para ello los fundamentos expresados antes por Arturo Alessandri Rodríguez (1868-1950), considerado el mayor experto chileno en temas de derecho minero. Montealegre fundamentó que al ser tan bajo e irrisorio el precio del contrato de compraventa, éste valor técnicamente no existía. Es decir, era un contrario de venta "sin precio", y por lo tanto nulo. La jueza subrogante del 14° Juzgado, María Isabel Reyes (la titular Patricia Gómez estaba con licencia médica), le dio la razón a esta tesis de los demandantes y falló a favor de Villar. Con ello, el contrato no quedó reconocido por estar triplemente viciado:
Esta resolución constituyó un duro revés para la compañía y para el proyecto, casi inesperado incluso entre los más fervorosos opositores de Pascua-Lama, pues obligaba a la Barrick Gold a devolver los terrenos, anulándose la transacción de los mismos. Además, como unas 3.100 hectáreas de todas las en cuestión rodean casi completamente el sector chileno de los terrenos del proyecto y son las que concentran la mayor cantidad del oro que pretendía extraerse, como hemos dicho más arriba, este fallo pone en peligro la totalidad de los propósitos de la compañía en la zona, al comprometer directamente sus posibilidades lucrativas. También se había previsto construir allí el campamento, para lo cual se habían comenzado los levantamientos y el trazado de los caminos de acceso. Por lo anterior, la sentencia fue llevada por los perjudicados hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, desprendiéndose por primera vez la discusión de las manos de la Conama que, como había quedado demostrado, era una firme partidaria del proyecto aprobado por ella misma menos de una semana antes del fallo. El 5 de julio siguiente se realizaron los alegatos ante la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones, conformada por las ministras Ana Gloria Chevesich, Dobra Lusic y la abogada integrante María Victoria Valencia. Por la Barrick Gold expuso el abogado Raimundo Labarca, también del estudio "Vergara, Labarca y Concha". Alegó ante la Corte que aún cuando en las compraventas ordinarias de inmuebles, si se vende algo en menos de la mitad de su precio lógico se llega a producir una "lesión enorme" causal de invalidez del contrato, esta figura no existe en el Derecho Minero, agregando que "las manifestaciones mineras de Villar no valían nada", por lo que este contrato, en particular, sería válido (Diario "El Mercurio", domingo 30 de septiembre de 2007). Sin embargo, Montealegre argumentó que la riqueza de Amarillo Sur equivaldría a "un segundo Pascua Lama". Pero la defensa de la compañía advirtió que este juicio no influía en el acceso, ya que los trabajadores no acceden sólo por Amarillo Sur y también podían sacar el oro por avión y helicóptero. Cabe señalar que Montealegre no cobró a Villar por sus servicios, sino que obtuvo derechos litigiosos que incluyen más del 10% de la venta al mejor postor de sus pertenencias mineras. Para poder reunir fondos, formó una sociedad de litigantes de 33 miembros vinculados a la minería. Esta sociedad había contratado, a su vez, a la ya citada abogada y ex Ministro del Régimen Militar, doña Mónica Madariaga, y a su colega Ingrid Castañeda (Diario "El Mercurio", domingo 30 de septiembre de 2007). Mientras esto ocurría, un segundo proceso tuvo la atención de todos los interesados en el caso de la Barrick Gold, pues la misma Corte de Apelaciones a la que cayó el asunto "Villar Rodolfo con Compañía Minera Nevada" se vio en la tarea de resolver el futuro de la juez subrogante que había favorecido a Villar con su sentencia en el 14º Juzgado. Según órdenes del Tribunal Constitucional, la Corte debía escuchar los alegatos de la defensa de la funcionaria antes de arribar a algún fallo. Barrick Gold la acusaba de haber dado su sentencia dos días antes del regreso de la juez titular, sin llamar a leerla y basándose en un documento supuestamente redactado por el propio Montealegre, según declararon los abogados en la Corte de Apelaciones. Esto llevó a la designación del Ministro en Visita Juan Escobar Zepeda, quien propuso suspender y sancionar a doña María Isabel Reyes, además de abrirle un cuaderno de remoción. Pero ella respondió pidiendo la defensa de dos prestigiosos abogados de la DC Hernán Bosselin y Ramón Briones, quienes atacaron la investigación de Escobar Zepeda. Previendo como desfavorable la posibilidad que el Pleno de la Corte decidiera no escuchar alegatos, Bosselin y Briones reclamaron inaplicabilidad de facultades disciplinarias al Tribunal Constitucional. También consiguieron que éste declarara inconstitucional parte del Autoacordado de 1995, que regula el procedimiento disciplinario de la Corte de Apelaciones. El fallo fue redactado por el miembro del Tribunal y ex Subsecretario de Interior Jorge Correa Sutil, con 75 carillas que impugnaban el carácter reservado del sumario secreto llevado contra Reyes Kokisch por considerar que era contrario a la Constitución, ya que el artículo 8º establece que la acción del Estado siempre es transparente y pública. Si el Tribunal Constitucional acogía esta denuncia, la investigación de Escobar Zepeda quedaba automáticamente anulada. Sin embargo, asiéndose de la no citación de Reyes Kokisch a las partes para "a oír sentencia" que dictara el 2006, y quién sabe si a través de las influencias denunciadas por Montealegre y Madariaga de la Barrick Gold en el Poder Judicial que hemos visto más arriba, la Corte de Apelaciones falló a favor de la compañía y la Corte Suprema ratificó la decisión de anular el juicio a fines de octubre de 2007. Entrevistado por un medio de prensa, el abogado defensor Gabriel Cáceres declaró campante y complacido (Diario "El Mercurio", miércoles 31 de octubre de 2007):
En vista de los resultados negativos que estaban dándose a nivel judicial, el abogado Julián Alcayaga presentó una demanda de nulidad ante la Corte de Apelaciones, en la segunda quincena de marzo 2008, para revertir el decreto de autorización de actividades para Barrick Gold, haciéndolo en representación del Consejo de Defensa del Valle del Huasco, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Vallenar, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, entre otras organizaciones sociales opositoras a Pascua-Lama. Según declaró el abogado en la prensa (Diario "Publimetro", miércoles 19 de marzo de 2008), Barrick Gold seguía amparándose en el Tratado Minero Chileno-Argentino para su proyecto de depredación ambiental:
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