| -Ampliado y actualizado el 03 de abril de 2008- REPITIENDO LA FÓRMULA UTILIZADA ANTES EN CASO DEL RÍO LAUCA, BOLIVIA LEVANTÓ UN NUEVO ESCÁNDALO ARTIFICIAL EN TORNO A LOS DERECHOS COMPARTIDOS DEL RÍO SILALA, VIOLANDO EL TRATADO DE 1904 E INTENTANDO SIMULAR QUE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN DEL RÍO "DEMOSTRARÍAN" QUE, EN REALIDAD, SE TRATA DE UN CANAL NO NATURAL. LA PREPOTENCIA BOLIVIANA EXIGIÓ CERRAR EL CAUCE DE SUS AGUAS Y LOGRÓ TRANSFORMAR EL TEMA EN UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA REABRIR LA ETERNA Y GASTADA DISCUSIÓN PARA UNA DEMANDA DE SALIDA AL OCÉANO PACÍFICO A TRAVÉS DE TERRITORIO CHILENO, UNO OBJETIVO DETRÁS DE TODA ESTA NUEVA ESTRATEGIA REVANCHISTA *******************************************
Las polémicas artificialmente levantadas por Bolivia en torno a los ríos fronterizos, son asunto recurrente. En 1922 protagonizarían una curiosa cruzada patriotera en torno a uso chileno del río Mauri o Maurí. Años después, llegarían más lejos aún con el escándalo artificial del río Lauca, controversia que fue llevada a instancias internacionales, acompañada de sus alegaciones de "salida al mar". Pasarían unos años para que una nueva polémica floreciera en las riberas de un nuevo río común: el Silala. Esta recurrencia sobre los recursos hídricos compartidos entre ambos países no es casual. Sabemos que Bolivia nunca perdonará a Chile la humillación sufrida en las guerras del siglo XIX, ni la negativa de Chile a satisfacer sus deseos de salir al océano Pacífico, pretensión que esconde, en realidad, la intención real de apropiarse de todo el Norte de Atacama según las mismas motivaciones que provocaron la Guerra del Pacífico. El conflicto del río Silala -llamado también Siloli en Chile- es una de las formas en que Bolivia procura algunos "pinchazos" vengativos contra la nación "mapochina" por las razones que hemos señalado... Y no sólo eso. Las polémicas artificialmente levantadas por Bolivia en torno a estos ríos fronterizos, son asuntos reiterados. El agua escasea en gran cantidad en el norte chileno, precisamente donde se encuentran algunos hilos hídricos compartidos entre ambos países, que constituyen una de las pocas cosas que Chile y Bolivia aún tienen en común, por decisión de la geografía. Jaime Muñoz, jefe del departamento de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas del ministerio de Obras Públicas de Chile, declararía con acierto en una entrevista al diario "El Nortino" de Iquique, en marzo del 2002:
Efectivamente, esta situación podría ser resuelta con proyectos de desalinización del agua costera y la limpieza del caudal del Loa, afectado por el relave de las compañías mineras. Pero la falta de iniciativa de los últimos gobiernos ha preferido seguir dependiendo de los recursos naturales actualmente disponibles, dando así a Bolivia más oportunidades para continuar con su estrategia de presión por el uso de agua dulce en Chile, tratando, además, de impedir el desarrollo que la iniciativa y el empuje chileno ha logrado en esos desiertos, haciéndolos florecer. El asunto del norte chileno, sin embargo, no es un caso aislado en el mundo. Se sabe que el agua dulce ha ido adquiriendo un nuevo valor en las sociedades humanas, comenzando a aparecer conflictos diplomáticos e incluso bélicos que involucran, precisamente, intereses de una o más naciones sobre determinados recursos hídricos. Algunos estudios estiman que, hacia el año 2.020, cerca de 500 millones de seres humanos habrán emigrado hasta las zonas donde el agua dulce tenga mayor disponibilidad. Recordemos, además, que el conflicto de Campo de Hielo Sur sostenido por Argentina contra Chile no sólo nace del interés geoestratégico argentino por avanzar hacia el Pacífico, sino también el de tomar el control de todo el sistema glacial donde se origina la red hídrica que abastece a la provincia patagónica de Santa Cruz.
El Silala pertenece a la cuenca del río Loa, aún cuando empieza en el departamento boliviano de Potosí, ubicado a unos 648 kilómetros al suroeste de La Paz, junto al Salar de Uyuni, en el Cantón Quetena de la provincia Sur Lípez, Potosí. Atraviesa la frontera en el cruce de ésta con el paralelo 22º y corre hacia el Oeste por territorio chileno hasta conectar con el río San Pedro. Se afirma que descubierto en 1880 por el ingeniero inglés Hosias Holding. Hasta hoy, el caudal del Silala corre con 230 litros por segundo por una estrecha garganta que se abre paso por el desierto, permitiendo el crecimiento del verdor en sus costados. Cabe señalar que, aunque este dato ha sido cuestionado por algunos autores peruanos, fue perfectamente reconocido por el Canciller de Bolivia Juan Ignacio Siles del Valle, cuando declaró al diario paceño "La Razón" del 6 de marzo de 2005 que "Calculamos que corre alrededor de 200 litros por segundo en el lado boliviano y tenemos información de que al otro lado de la frontera se recogen posiblemente hasta 300 litros por segundo". ¿Por qué ponemos énfasis en este punto sobre la cantidad de agua que desplaza el caudal? Porque de acuerdo al criterio internacional de estimación técnica hidrográfica, el Silala no es un río propiamente tal: este caudal es muy inferior al de 20 metros cúbicos por segundo considerado el mínimo para ser estimado como río, además de carecer de condiciones para navegación. En términos geográficos e hidrográficos el Silala es, por lo tanto, un arroyo, un estero o bien un manantial. Sin embargo, su condición jurídica análoga a la de un río internacional de curso sucesivo estaría sujeta a la existencia de un acuerdo suscrito entre ambas partes que, como veremos, otorgaba derechos de uso a la parte chilena más allá de la letra de convenciones hidrográficas sobre ríos internacionales que, también en forma absolutamente errada, Bolivia invocó para tratar de levantar la cuestión del río Lauca. Curiosamente, si la estricta medición del caudal del Silala no fuera suficiente para considerarlo río bajo estos parámetros (a juicio de Bolivia), se podría alegar similar situación para el río Lauca, pues éste se encuentra también muy por debajo de los 20 metros cúbicos/segundo de caudal, desestimando así el reclamo histórico que hizo ese país sobre sus aguas. Esta condición internacional del Silala está reconocida también por instrumentos jurídicos como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos a la Navegación, de 1997, que dio este valor a todos los cursos de aguas compartidas entre dos naciones -no sólo ríos- protegiendo los derechos de los países que posean el curso inferior respecto de los que controlan el curso superior. De ahí que el Gobierno chileno defendiera su posición apelando a la condición de río internacional del Silala una vez iniciada la controversia desde Bolivia, como veremos. En 1887, la Compañía Huanchaca de Bolivia compró la línea férrea del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB) a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. Ese mismo año, don Enrique Villegas consiguió del gobierno central una dotación permanente de aguas para la ciudad de Antofagasta, al lograr la transferencia de sus derechos a la Compañía Huanchaca, iniciándose los trabajos de captación y canales en el Silala al año siguiente. De este modo, para el 29 de noviembre de 1888, el Estado de Bolivia suscribió un acuerdo con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta para la explotación de nitratos, en el que también se le concedían derechos sobre el uso de estas aguas. Recordemos que, a la sazón, la situación limítrofe de ambos países seguía sujeta al Tratado de Tregua de 1884. Para cuando se firma el Tratado de 1904 (que, en una situación normal, hubiese puesto fin a todas las controversias limítrofes que existieran) el uso de las aguas del río Silala iba a ser concedido a la empresa ferroviaria chilena de origen británico, Antofagasta-Bolivian Railway Co. Ltd. por la Prefectura de Potosí, Bolivia, para el uso de 50 metros cúbicos de agua al día. La necesidad original de la empresa era abastecer del líquido a las locomotoras, por lo que ya había conseguido de Chile una concesión de aguas en 1906, mientras que la boliviana se otorgó en 1908 por escritura pública del 23 de septiembre que dice textualmente:
Años más tarde, se traspasaron los derechos de concesión a terceros, y hoy están en manos de la empresa ferroviaria perteneciente al grupo Luksic. Veremos que, aunque la concesión es gratuita, de plazo indefinido (permanente) y no dice por ninguna parte que el uso de las aguas esté restringido estrictamente a su empleo en las necesidades de las máquinas y que ya entonces era un hecho el que la Compañía usaba aguas para abastecer los poblados de la zona, en la actualidad los publicistas bolivianos intentan describir un panorama según el cual los derechos fueron condicionados sólo al uso del agua en las calderas de las locomotoras. Bolivia, en lugar de cuestionar este uso del río como lo hace hoy, no sólo aceptó en forma permanente tales derechos chilenos, sino que reconoció varias veces el carácter internacional de estas aguas por casi un siglo. Sin embargo, el Presidente Hugo Banzer, en uno más de los permanentes hostigamientos contra Chile, decidió lo contrario cerca del centenario de estos acuerdos. Había comenzado la nueva ofensiva boliviana, tal como ayer ocurriera en el Mauri y luego en el Lauca, con miras a reclutar simpatías para la causa boliviana a nivel internacional.
Hacia principios de los años noventas, producto de la llegada de grupos entreguistas fuertemente internacionalistas a La Moneda, en Bolivia se generaron fuertes y optimistas expectativas sobre la quimera de poseer costas propias en territorio chileno, ya sea por la vía de la "reivindicación" de Antofagasta o bien resucitando viejas y apolilladas propuestas como la de un "corredor al mar" por el norte de Arica. Un primer intento proviene de la "exploración" realizada en 1991 por miembros de Radio Fildes y algunos pobladores del Sur de Lípez, que recorrieron vastas extensiones de la frontera con Chile buscando cualquier excusa para armar algunas nueva controversia. La observación de las aguas del Silala corriendo hacia el otro lado de la frontera llamó la atención de los visitantes, según se alega allá, pero no existen protestas o denuncias presentadas al respecto, lo que confirma que asumieron con total normalidad la situación. Sin embargo, la pésima evaluación popular que tuvieron las gestiones entreguistas del gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar con la Argentina, y que culminarían con la entrega de Laguna del Desierto y, más tarde, Campo de Hielo Sur, asustaron a tal grado a los entreguistas que ni siquiera se atrevieron a abordar posibles conversaciones con La Paz, que involucraran directamente la entrega de territorio. Esto frustró enormemente a los políticos altiplánicos, especialmente después de las ilusiones que habíanse formado en 1993, con las informales conversaciones secretas durante la Cumbre del Grupo de Río de Santa Cruz, en Bolivia, entre el Canciller Enrique Silva Cimma y su homólogo paceño, Ronald Mac Lean. Intentando presionar al entreguismo de La Moneda para que retomase el sentido que el Altiplano pretendía darle a su eventual acercamiento con Chile, recurrieron a la conocida estrategia de levantar focos de tensión en la frontera, especialmente en el asunto de los campos minados y la supuesta "destrucción" de mojones que marcan los hitos fronterizos, y que fueron presentados pomposamente como demanda formal ante la ONU. Con tal objeto, los gobiernos de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada colaboraron en la formación de varios grupos de inspectores -muchos de ellos ligados a una importante casa universitaria de ese país- que, asistidos por personal militar, prácticamente peinaron grandes extensiones de la frontera boliviana con Chile, intentando detectar alguna anomalía, especialmente entre los años 1991 y 1995, como hemos dicho. Fue durante estas labores en terreno que los observadores bolivianos habían "redescubierto" el caudal del río Silala, atravesando la frontera desde el salar de Uyuni hasta internarse hacia el Oeste, en territorio chileno. Nada habría llamado la atención de los inspectores en el lugar, si no fuese porque el pequeño hilo de agua mostraba una evidente intervención humana, correspondiente a trabajos de canaletas de piedra y socavado del causa, claramente destinados a evitar que la corriente fluvial se perdiera ante el rigor del clima. Sin embargo, como todo parecía en orden y el asunto era buscar hitos "destruidos", el asunto del Silala no pasó a mayor notoriedad. Asiéndose de esta información filtrada a los medios de prensa, el periódico "El Diario" de la Paz publicó en grandes titulares que Chile estaba aprovechándose ilegalmente de las aguas del Silala, el 5 de mayo de 1996. Pocos antes, habían sido advertidos de la existencia de los trabajos de captación en la ciénaga por los mismos lugareños de Sur Lípez que los habían visto en 1991, es decir, cinco años antes y sin que se formulara ninguna denuncia al respecto, lo que demuestra que la cuestión del Silala sólo fue producto de la necesidad boliviana de buscar alguna nueva excusa para tensar sus relaciones con el vecino país, particularmente de los proyectos que por entonces se discutían para pasar un gasoducto boliviano hasta territorio chileno precisamente por este punto fronterizo. Antes de que la "revelación" llegara a convertirse en escándalo, sin embargo, se emitió una Declaración Pública de nueve puntos de la Cancillería de Bolivia el 7 de mayo siguiente, publicada por la prensa altiplánica al día entrante, donde el Ministro de Relaciones Exteriores don Antonio Araníbar Quiroga, en representación del Palacio Quemado, reconoce expresamente que Chile es dueño del curso inferior del Silala y que, por lo tanto, no hay controversias ni litigios pendientes en el uso que se da a dichas aguas en su territorio. Entre otras cosas, establecía textualmente:
Esta declaración fue confirmada y ratificada por el Prefecto de Potosí, don Yerko Kukoc, el 10 de mayo siguiente al afirmar que "realización de trabajos de mantenimiento de un acueducto existente desde fecha imprecisa... pero son totalmente falsas las denuncias sobre el desvío intencional del Silala". A pesar de ello, el cuerpo editorial de "El Diario" no cesó en su campaña, fuertemente influida por el nacionalismo local. Tales afirmaciones pesarían gravemente a los posteriores reclamos sobre el caudal del Silala, que estaban próximos a ser oficializados. También debe consignarse que las aguas del Silala, ni entonces ni después, han sido utilizadas en nada por el lado boliviano. La prueba de ello es que, en marzo de 2005, el entonces Canciller de Bolivia Juan Ignacio Siles del Valle declaró a un medio de prensa que "Con la Comisión de Desarrollo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados compartimos que deberíamos crear condiciones para que en la región se hicieran asentamientos de humanos, asentamientos de camélidos, a fin de que Bolivia pudiera aprovechar convenientemente esas aguas" (Diario "La Razón" de Bolivia, domingo 6 de marzo de 2005).
El saldo de las expediciones inspectoras de hitos fue escuálido: en 1994 y 1995, la delegación de Bolivia ante la ONU había denunciado la destrucción de la mitad de los casi 100 hitos fronterizos pero, durante las comprobaciones en terreno, a penas lograron demostrar la existencia de unos cuantos hitos volcados o desplazados desde su base por razones perfectamente naturales. La estrategia boliviana de llegar a los foros internacionales por esta vía estaba haciendo agua. Se requería urgentemente de un asunto capaz de devolver la tribuna perdida en la ONU, ya que el compromiso de Ottawa que Chile había firmado en 1997 para iniciar trabajos de desminado de fronteras, había neutralizado toda posibilidad de acceder con fuerza a instancias internacionales por la vía del reclamo contra los campos minados. La patriotería boliviana, en tanto, no había quedado callada tras la bofetada que recibiera desde su propia Cancillería por las declaraciones en torno al uso chileno del curso inferior del Silala. La Prefectura de Potosí y la Superintendencia de Saneamiento Básico de Aguas de Bolivia estaban dando señales de querer involucrarse en la incipiente cuestión. En 1997, comenzó a florecer en Bolivia la idea de una nueva ofensiva sobre recursos hídricos compartidos, como la cuestión del río Lauca, casi cuarenta años antes. Esta vez, el reclamo empezó a estudiarse sobre el río Silala. Importantes autoridades académicas y militares, durante el Gobierno de Hugo Bánzer, estuvieron trabajando afanosamente para presentar una nueva demanda, construyendo la historia de un nuevo "despojo" y basándose en una tesis atrevida: el Silala no era un río de cauce importante, sino un "cauce menor", llamado también "vertiente" o "manantial" en esta nueva perspectiva. Para poder sostener estas especulaciones y alterar directamente los registros históricos, el Parlamento de Bolivia ordenó con fecha 27 de abril de 1999, que el Instituto Geográfico Militar cambiara todas las cartas y mapas oficiales donde apareciera el "río" Silala, sustituyendo su denominación por el de "vertientes", insistiendo en que técnicamente no es un río y pasando por alto, otra vez, que de acuerdo a esos criterios el Lauca tampoco lo es, demostrando entonces ilegítima y artificial tantos años de protestas y polémicas al respecto. A falta de un material de peso para sostener dicho planteamiento, se desempolvó una vieja propuesta que, hacia 1984, había pasado sin pena ni gloria, cuando la abogada boliviana María Loreto Saavedra presentó en varios estamentos un Informe Jurídico según el cual los derechos de agua otorgados en 1908 a la empresa F.C.A.B., habían caducado cuando la compañía cambió sus locomotoras a vapor por los trenes diésel, más de cincuenta años después de la concesión (ver más abajo). Siguiendo esta línea, ese mismo año de 1997, La Paz anunció su decisión de poner fin a la concesión y de otorgarla ahora a una nueva empresa, proceso que se inició desde ese momento declarando que el Silala correspondía a un "cauce inferior de agua" o "manantial" de categoría menor, quedando fuera de las concesiones. Violando incluso principios básicos del derecho, como las restricciones a la capacidad retroactiva de las leyes, el Prefecto del Departamento de Potosí, don Omar Manzano Murillo, dictó la Resolución Administrativa Nº 71/97 del 14 de mayo de aquel año revocando la concesión de 1908 y tapando con tierra su propia declaración del año anterior de este mismo organismo, defendiendo la legitimidad del uso chileno de las aguas. Le siguió el Gobierno de Bolivia con decisiones igualmente viciadas, el 20 de junio, al dar a la luz el Decreto Nº 24660 que elevaba a rango de Decreto Supremo la Resolución de la Prefectura. La F.A.C.B. protestó y buscó la anulación de estas medidas, pero a principios de agosto la Sala Penal de Distrito se declaró sin competencia en el asunto. La tesis boliviana ofrecía riesgos que ponían en peligro sus proyecciones optimistas. Si bien la estricta realidad no permitía definir al Silala como un río o cauce mayor, está claro que su importancia está lejos de ser poca en la irrigación de la zona fronteriza al norte de Atacama, además de haber acuerdos suscritos por Bolivia y pesar sobre la situación la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos a la Navegación que, ese mismo año de 1997, había extendido los derechos y obligaciones en los cursos de aguas internacionales sobre todos los recursos hídricos compartidos, y no sólo los ríos o cauces mayores de curso sucesivo.Además, esta distinción de derechos sobre ríos y la omisión de los mismos para "cauces menores" está contra la bases esenciales de la propia reclamación boliviana sobre el río Lauca, ya que este último, en estricto rigor, no es un río internacional de curso sucesivo, como alega La Paz, sino que su escaso caudal de 2,6 metros cúbicos por segundo a penas lo pone en la categoría de arroyo fronterizo. Del mismo modo que Bolivia había reclamado, cuatro décadas antes, la condición internacional del Lauca por la incorporación de su caudal al curso del río Sajama, bastante más al Este del límite internacional, Chile podría alegar la misma categoría para el Silala por su conexión con el río San Pedro, y éste a su vez, con el mayor sistema del Loa, dentro de su territorio. La necesidad de afinar la excusa por la cual Bolivia pretendía levantar un nuevo escándalo fronterizo llevó a reformular su planteamiento y a asesorarse por una facultad universitaria de La Paz, que trabajó junto a la Cancillería para proponer, hacia 1998, que el Silala era ahora un "canal artificial", construido por Chile para apropiarse de aguas bolivianas. En tal sentido, todo su curso, a ambos lados de la cordillera, sería absolutamente "boliviano". Veremos que esta afirmación estaba contra las bases mismas de la Concesión de 1908, que no era sobre un caudal específico, sino sobre las aguas donde se origina la corriente del Silala, en Uyuni. Las pruebas, según su planteamiento, eran las obras de canalización de caudal que databan de principios del siglo XX. La teoría boliviana es, a la par de simplista, muy desafiante: el Silala sería en realidad un canal artificial que roba aguas desde los afluentes o manantiales bolivianos hacia el lado chileno. Los trabajos de canalización efectuados con los años para proteger el paso del valioso hilo de agua por el desierto atacameño, a su criterio, serían la prueba de que se trata de un cauce "artificial" y por lo tanto, fuera de las categorías de ríos compartidos establecidas en 1904. Dicho de un modo más claro, para Bolivia el Silala no es el río de curso sucesivo, ni un arroyo, ni nada; ni siquiera ya un "cauce inferior" conectado al sistema mayor del río Loa, sino un canal totalmente artificial... ¡Y Bolivia, supuestamente, se dio cuenta de ello cien años más tarde! La intención de esta estrategia, claramente, es marear el debate para extrapolarlo únicamente hasta la discusión sobre el origen natural o artificial del Silala, para intentar sacarlo también del ámbito de la Convención de Naciones Unidas de 1997, además de evitar hacer referencia al hecho de que la Concesión de Potosí, de 1908, era sobre el agua de los manantiales de la ciénaga donde se origina, y sin mayores condiciones que las definidas oportunamente. La falta de sustento de la tesis boliviana. Análisis de los argumentos  Ya hemos dicho que la concesión otorgada por Bolivia en 1908 fue sobre el agua de las pozas de Uyuni y no sobre el caudal mismo, por lo que resulta estéril la discusión de si el Silala es no un río, especialmente si apelamos a las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas de 1997. Esto estaba definido así, además, en el mismo informe de la abogada María Loreto Saavedra, que sirvió de sustento al actual reclamo boliviano. Sin embargo, no podemos dejar pasar el hecho de que que la tesis paceña de que el Silala es "absolutamente" artificial, también adolece de varios problemas que riñen con la realidad de los registros históricos, a pesar del sentido científico que sus artífices han tratado de imprimirle. Sus afirmaciones presentan varios puntos inciertos que la dejan lejos de finiquitar el asunto y explican, de paso, el instantáneo rechazo de La Paz a la primera oferta de la Cancillería chilena, en el 2000, de solucionar el litigio por un arbitraje internacional:
Luego de haberse declarado incompetente la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Potosí, el 2 de agosto de 1997, frente a los recursos interpuestos por F.C.A.B. para revertir las decisiones de cancelar la concesión de 1908, el Decreto Supremo Nº 25.500 de Bolivia destinó el caso a la Superintendencia de Saneamiento Básico de Aguas de ese país. Desde mayo de ese año, y confiada en el cumplimiento de sus decisiones sin resistencias internas, Bolivia había adoptado una total negativa al diálogo para el problema del Silala, señalando que sólo asumía "la misma actitud de Chile" frente a sus demandas de salida al mar, según palabras de su Cancillería. Por primera vez en el debate del Silala, comenzaba a recurrirse al tema de la "mediterraneidad". Esto no era casual, pues el cuerpo diplomático boliviano había estado planeando la estrategia desde hacía por lo menos dos años. Como en el caso del Lauca, el fondo del asunto iba a ser el mismo: reabrir el debate de la salida al mar. El Presidente Hugo Banzer estaba tan decidido a llevar este asunto a los foros internacionales, que ni siquiera escatimó en reparos éticos al intentar involucrar una supuesta opinión solidaria del Santo Padre Juan Pablo II en favor de la pretensión marítima Bolivia, durante su visita al Vaticano, un tiempo después, que jamás fue confirmada. Para comprender la actitud de Bolivia y la artificialidad del asunto del Silala, debemos recordar que desde el año anterior los bolivianos estaban golpeando las puertas de la Casa Blanca, a la espera de que la evidente política intervencionista de la administración de Bill Clinton metiera manos en el asunto. Hacia julio de 1999, precisamente, grupos liberales de los Estados Unidos, representados por el ministro Kenneth MacKay, se ofrecieron como una posible "solución" mediadora para el problema de la "mediterraneidad" boliviana. Como podría anticiparse desde ya, Washington no se habría arriesgado entonces a dejar insatisfechos a sus aliados más cercanos -por aquellos días- y fanáticos de la globalización, a quienes les había perdonado ya millones de dólares de la deuda externa en 1991. Vemos, así, cómo el asuntillo del Silala terminaba, mágicamente, convertido en la pretensión marítima de Bolivia sobre el litoral chileno. No en vano un diario santiaguino satirizó estos hechos en una caricatura, donde Banzer, desde el otro lado de la cordillera, se lucía sonriente ante el Presidente Ricardo Lagos, con un dique cerrado y un cartel diciendo: "Cambio pequeño río fronterizo por gran salida al mar". En vista de la terquedad boliviana para asistir con diálogo el asunto, el 29 de diciembre de 1999, La Moneda anunció su interés en llevar la cuestión del Silala hasta los foros internacionales si era necesario, pero sin dejar se insistir en la invitación formulada a La Paz para conversar sobre el tema. La sola noticia de que Chile pudiese recurrir a instancias internacionales alertó al Palacio Quemado y, por esos mismos días, la Cancillería de Bolivia aflojo su posición aceptando el llamado a negociación formulado desde Santiago. Poco se obtuvo, sin embargo, de estas conversaciones. En enero del 2000, correspondió actuar en el conflicto a la Superintendencia de Aguas de Bolivia, organismo que equivaldría a la Comisión Nacional de Riego en Chile, y que, por lo tanto, depende directamente del Poder Ejecutivo. Había abordado por competencia el asunto del Silala y estaba próxima a emitir un veredicto al respecto. Toda lógica hacía prever que la Superintendencia seguiría la línea del Palacio Quemado y podría fin a los derechos chilenos sobre el Silala. Sin embargo, el organismo sorprendió a todos fallando a favor del interés chileno y otorgando una concesión provisoria del río para la empresa chilena Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, del Grupo Luksic. Esta insólita decisión no deja de sembrar dudas sobre el valor de la argumentación boliviana, que en sus círculos académicos y políticos era considerada, sin embargo, de notable contundencia. La curiosa decisión de la Superintendencia de Aguas de Bolivia constituía un apoyo evidente hacia la posición chilena. Como organismo técnico y autorizado que es, no se comprometía tampoco con la propuesta política y oficial de La Paz, prefiriendo el camino del derecho y fallando favorablemente a Chile. Inclusive, dejaba la decisión final pendiente, devolviendo el asunto del Silala a las manos temblorosas del Presidente Hugo Banzer. Pero ya hemos visto en otro lado el histórico desapego del Palacio Quemado hacia los conceptos de derechos jurídicos y respeto a los acuerdos. Coincidencia o no, a fines del mes de febrero 2000, comenzó un fugaz intento diálogo entre las cancillerías de ambas naciones, manifestándose entonces pleno acuerdo de las partes por mantener la conversación; pero poco después, La Paz volvió a la negativa a la discusión. ¿Vaivenes? ¿Distracciones para ganar tiempo? No los sabemos con certeza. Lo cierto es que, al saberse que la Superintendencia de Aguas de Bolivia había firmado la nueva concesión con la empresa privada Ductec, la Cancillería de Chile emitió un comunicado, con fecha 27 de abril, donde declara la ilegitimidad del mismo. En mayo del 2000, finalmente, se anunció la decisión boliviana de cerrar el curso del Silala concesionándolo a Ductec en el tramo que pasa por el vecino país, lo que iba a dejar a cerca de 1.200 chilenos, de 350 familias, desabastecidos de su fuente de agua potable y energía eléctrica, especialmente a la comuna de Sierra Gorda, que se vio en la obligación de iniciar conversaciones con empresas privadas para proveerse de estos elementos. La Municipalidad de Sierra Gorda subsidiaba un 90% del costo de agua proveniente del río Silala, entregada por el F.C.A.B. Los consumidores pagaban $55 por metro cúbico, mientras que las nuevas negociaciones no permiten obtener la misma medida del vital elemento a menos de $600, por lo que el daño era enorme. El bloqueo no sólo afectaría el abastecimiento de sectores como Sierra Gorda y Baquedano, sino que además perjudica las actividades del mineral de Chuquicamata y otras mineras. Esta puede ser una de las motivaciones principales de Bolivia para bloquear el Silala, pues uno de sus principales resentimientos nacionales contra Chile están en la riqueza de la actividad cuprífera de estas zonas atacameñas, que ellos consideran de su pertenencia histórica.
El punto más conflictivo de esta disputa comenzó cuando el vicecanciller de Bolivia, Fernando Messmer, dio un plazo de un mes al F.C.A.B., que abastece a la zona, para que pague por el uso de aguas del río Silala, amenazando con bloquear el curso del río a partir del 7 de junio del 2000, si la petición no era aceptada. Según las autoridades bolivianas, las ciudades nortinas y la minería chilena estaban utilizando unos 18 mil metros cúbicos diarios de agua, mientras que la concesión original era sólo por 50 metros, "lo cual debe ser pagado por ellos", según declaró. Luego, Messmer agregaría:
En los constantes ir y venir del mareo diplomático, una curiosa sorpresa fue dada por el Gobierno de La Paz el 4 de junio, al solicitar por su propia iniciativa nuevos diálogos con nuestro país, según lo declaró el canciller altiplánico al hablar de "reimpulsar" las conversaciones al respecto. Murillo declaró el interés por reabrir las conversaciones con Chile para las reuniones de la Asamblea General de la OEA, en Windsor, Canadá, al parecer con la entonces ministra Soledad Alvear. Cumplido el plazo fatal dado por Bolivia, la Canciller Alvear comenzó a demostrar esa enfermante y peligrosa disponibilidad del entreguismo, al declarar en la reunión de la OEA donde se habló del asunto del Silala, que los chilenos estaban dispuestos a:
Nuevamente, Bolivia había conseguido arrastrar la materia de un río fronterizo a una instancia óptima para volver a abordar el tema de la salida al mar. Sin embargo, al interior de Bolivia el tema del Silala comenzó a ser utilizado también como un herramienta política, cumpliendo con una vieja tradición de la vida civil altiplánica. Los intentos por zafarse de la situación negativa en que había quedado el Gobierno de La Paz y todo el revanchismo boliviano luego del fallo de la Superintendencia de Aguas de Bolivia, llevó a algunas autoridades y a los medios de prensa proclives al oficialismo a culpar a administradores anteriores del Palacio Quemado, por el curso incierto que estaba tomando para su país la polémica, pagando tributo a otra histórica costumbre de las clases gobernantes de Bolivia. Parece ser que las primeras cargas las lanzó el zorro ministro Javier Murillo. Al advertir que la diplomacia chilena no había conseguido ser suficientemente ablandada por el reclamo y, sobretodo, luego de notar con estupor que La Moneda estaba interesada en llevar el litigio a un arbitraje internacional si fuese necesario (propuesta a la que el Palacio Quemado se negó terminantemente en un principio), Murillo lanzó sus iras contra el ex Canciller Araníbar, intentando personificar en él las culpas de la comprometedora declaración del 7 de mayo de 1996, por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia reconocía la legitimidad de los derechos chilenos en el Silala y por haberle dado al mismo una condición de río internacional que no era tal. Ante los conflictos y los tambaleos, Banzer decidió acelerar las cosas y confirmó, el día 11 de junio de 2000, la definitiva concesión del caudal del Silala a una empresa de su país, la Ductec S.R.L., con lo que se desconocía de modo absoluto los derechos que pertenecen a Chile sobre el mismo y el fallo de la Superintendencia de Aguas de Bolivia. La Ductec cerró el paso al río Silala, colocando banderas bolivianas en toda la zona y prohibiendo la entrada a cualquier chileno. Pero el fantasma de la debilidad de la defensa paceña seguía rondándolos. Poco después, el diario "La Prensa" de la capital altiplánica colocó en titulares del 23 de junio la noticia: "Araníbar afirmó en el 96 que Chile es dueño del curso inferior del Silala", aludiendo obviamente a la declaración del 7 de mayo. Esta peregrina idea de culpar al ex Canciller de tal situación era del todo tendenciosa y ciega, pues en favor de Araníbar, ciertamente, hay que recordar que aquella declaración no tenía diferencia alguna con respecto a la política de Estado que Bolivia había sostenido por casi cien años con respecto al Silala, y que ahora pretendía ser borrada de un sólo plumazo. El pobre Araníbar, de hecho, desde hacía pocos meses antes había intentado sumarse a la campaña por la reivindicación del Silala, haciendo sus propias publicaciones al respecto, que reflejaban también su vuelta de chaqueta. Pero las molestias ocasionadas por este asunto de Silala estaban surtiendo los resultados esperados por los bolivianos; es decir, pasar del tema puntual de un río y los derechos de Chile sobre el mismo a un tema mayor, como es el regalo de territorio chileno en las costas, su quimera insatisfecha. El 5 de junio, la Canciller Alvear ya hablaba en los medios de su deseo dar solución a través del diálogo, y si no, de someter a arbitraje el asunto del Río Silala "y otros temas limítrofes" con Bolivia. ¿A qué se refería con "otros temas limítrofes"? ¿A la salida al mar que quiere de regalo Bolivia a cambio de nada?. En efecto, eso era. Algunos de los pocos que advirtieron esta jugada, como el Diputado Maximiano Errázuriz, exigieron de la Canciller una actitud más firme y decidida -la que nunca llegó-, además de señalar la inconveniencia de mezclar temas distintos como el Silala y la salida la mar. Pero la caída en picada del entreguismo ya había empezado.
La actitud chilena fue, como vemos, altamente ingenua, pues Bolivia no tenía ninguna intención (nunca la tuvo) de resolver este problema, ya que su deseo era usar al Silala como una nueva excusa para producir malestar en Chile y orientar el debate hacia el problema mayor de la "mediterraneidad". El Gobierno de Chile insistió en un acercamiento para el diálogo, ya que, a juicio de La Moneda, la solución de un conflicto de tales características no tiene otra vía que el diálogo directo. Tras la entrega de la concesión a Ductec, Bolivia envío de facturas a las empresas chilenas que usaban el caudal, por "deudas" de este empleo, como el Ferrocarril Antofagasta-Bolivia y la propia CODELCO. La insólita acción fue apoyada por Messmer. Decidido a continuar con la ofensiva, hacia el final de junio 2000 declaraba que la reanudación del diálogo "de ningún modo significa reconocer derechos de Chile sobre el manantial". Mientras esto tenía lugar, la Cancillería chilena volvía a llamar a dicho diálogo a su homóloga paceña. Aunque su intención era resolver el asunto por esta vía, comenzó a proponer con insistencia la posibilidad del arbitraje durante todo lo que quedó del año 2000 e insistiendo el 2001. Los bolivianos mantuvieron sus reservas por esta vía, concientes del peligro que entrañaban contra su defensa la Declaración de 1996 y el fallo de la Superintendencia de Aguas de Bolivia, pero intentaron guardar las apariencias tanto como pudieron. Poco después de haberse propuesto la idea del arbitraje, cónsul general de Bolivia en Santiago, Gustavo Fernández, declaraba a los medios de prensa chilenos:
La verdad, sin embargo, es que los representantes de Bolivia jamás aceptaron la propuesta de arbitraje, y la evitaron tercamente, alimentando las esperanzas chilenas de una solución por la vía del diálogo bilateral. En contra del interés boliviano obraba no sólo la Concesión de Potosí de 1908, que, como hemos visto, era sobre las vertientes del bofedal el Uyuni permitiendo así la intervención sobre el caudal del Silala, sino también la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para Fines Distintos a la Navegación de 1997 a que ya nos hemos referido. Como era de esperar, el año 2001, el Palacio Quemado se mostró decidido a no aceptar ninguna clase de arbitraje o mediación para la cuestión del Silala. La Moneda reaccionó advirtiendo que esta instancia era completamente válida y jurídicamente oportuna, pudiendo recurrir unilateralmente a una demanda internacional. Buscando nuevamente los efectos comunicacionales, el 5 de julio el Canciller Murillo, respondió con prepotencia declarando:
Sin embargo, a la sazón el Palacio Quemado estaba lejos de estar gustoso de enviar el asunto del Silala a un tribunal internacional mientras no consiguiera fijarlo fuertemente al tema principal de su "mediterraneidad" y, por su parte, La Moneda difícilmente habría osado recurrir unilateralmente a esta vía, obsesionada con la idea delirante de restaurar relaciones con Bolivia y cumplir con las "agendas" inspiradas en obsoletas aspiraciones de integración vecinal y comunidad americanista, especialmente en materias comerciales. El 26 de febrero de 2002, la Cancillería emitiría una nueva comunicación pública en la que volvía a sostener su decisión irrevocable de cambiar la concesión de aguas del Silala y cobrar a los chilenos por su "uso ilegal", con lo que descartaba cualquier posibilidad de arreglo, incluido el arbitraje. Como este tono agresivo e insolente del Gobierno de Banzer se mantenía hasta casi los últimos días de su administración antes de dejar el Palacio Quemado víctima de una enfermedad terminal, a pesar de la disposición chilena a mantener el diálogo, luego de las publicaciones de prensa emitidas en La Paz durante febrero, la Dirección de Prensa y Difusión de la Cancillería de Chile emitió, el lunes 4 de marzo de 2002, un comunicado que reproducimos enteramente, a continuación:
La declaración chilena dejó en una incómoda situación al revanchismo boliviano. La decisión de la Superintendencia de Aguas de Bolivia favorable a Chile tenía el precedente de las declaraciones de la Cancillería de Bolivia en la declaración de mayo de 1996, que, como hemos visto, también apartaba al Silala de cualquier controversia o discrepancia entre ambos países.
Con todo listo para el nuevo nivel de complicadas relaciones que el escándalo había iniciado por sí mismo, el día 25 de junio siguiente Bolivia hace envío a Santiago de su cónsul, el señor Gustavo Fernández Saavedra, uno de los hombres más cercanos y afines a Banzer y a su doctrina pro-salida al Pacífico. Esto, sin embargo, más que una señal de que Bolivia iba a intentar persistir en su actitud confrontacional mantenida en los últimos meses, era indicación de que busca desesperadamente un intento por acercamiento y restitución de las relaciones para la evaluación de las posibilidades de salida al mar. Mientras esto ocurría, Banzer continuaba escupiendo pestes a Chile en su gira por el Vaticano, Italia y Alemania. Al regresar, Banzer, manifestó su deseo de reunirse con el Presidente Ricardo Lagos en la reunión de Brasil de la Cumbre Sudamericana del MERCOSUR. Su intención, claro está, era única y exclusivamente la salida al mar que esperaba Bolivia, pues el asunto Silala había quedado bastante más atrás a pesar de lo fresco que estaba. La habilidad diplomática altiplánica se anotaba un nuevo punto. Estas actitudes, sin embargo, son parte de las tradicionales medidas de Bolivia por llamar la atención hacia su gastado y poco realista sueño de apropiarse de territorio chileno, satisfaciendo sus pretensiones sobre Atacama y el océano Pacífico, las mismas que provocaron la Guerra del Pacífico, curiosamente también a partir de un desconocimiento boliviano a derechos de concesión firmados con organismos chilenos. Ha sido el entreguismo el culpable de dar efectividad y éxito a esta clase de medidas reñidas con toda norma de derecho internacional o la mera madurez moral en la sana convivencia entre naciones. La actitud boliviana pasa, además, por la extraordinaria debilidad de las cancillerías santiaguinas, ya que sólo una determinación fuerte y directa de parte de ellas hubiese evitado esta operación desafiante y peligrosa, propia de una nación que busca, permanentemente, detonar incidentes internacionales en los que se vea involucrado Chile. Nadie puede negar la efectividad que tuvo esta jugada para reabrir el tema de la mediterraneidad, pero habrá que esperar el desarrollo a largo plazo de los acontecimientos, viéndose una respuesta del entreguismo con su famosa alternativa del "comodato" territorial para el Altiplano en pleno territorio chileno. En un Estado de derecho pleno, con un respeto real a la legislación local e internacional y armado de una actitud sólida en materias de soberanía y seguridad nacional, el asunto del río Silala jamás habría pasado de los primeros meses en que Bolivia intentó fabricar esta polémica absolutamente artificial. Sin embargo, con la salida de Banzer y la llegada de Jorge Quiroga provisoriamente al Palacio Quemado, la orientación política de Bolivia giró drásticamente, desplazando el acento en la reclamación marítima sobre controversias como la del Silala, para orientarlas a soluciones de orden comercial, especialmente en proyectos de venta de gas natural que el Altiplano planificaba cuidadosamente en aquellos días. Esta tendencia fue mantenida al asumir Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero el año 2003 sería particularmente agitado para Bolivia, especialmente por la caducidad del famoso proyecto del gasoducto de Tarija, que significó la pérdida de millones y millones de dólares para los bolivianos, en gran medida motivados por la ilusa idea de que, evitando la venta del gas a los Estados Unidos, se perjudicaría especialmente a Chile, por cuyas costas debía salir el mentado gas natural. Tomando esta bandera de lucha, lideres indígenas y cocaleros, como Evo Morales, lograron derrocar a Sánchez de Lozada tras las violentas jornadas de octubre. Salvo presentándolo en el tapete como una forma de boicotear el proyecto del gasoducto, poco se había dicho durante este período sobre el asunto del Silala, que seguía en suspenso. Sin embargo, al asumir el nuevo presidente provisorio en La Paz, Carlos Mesa, esta política iba a experimentar un duro vuelco luego de que los mismos líderes izquierdistas que habían derrocado a Sánchez de Lozada, le dieran plazo hasta fines de ese año para demostrar su competencia y aptitud en el Palacio Quemado, bajo amenaza de correr la misma suerte que su predecesor. Acorralado por ese latente peligro, fue sólo cosa de días para que Carlos Mesa y su Canciller Juan Ignacio Siles, echaran mano al patético asunto de la "mediterraneidad" de Bolivia, en su urgencia por aunar fuerzas políticas internas. El asunto del Silala quedaba, de este modo, a la vuelta de la esquina. Presentando su demanda en la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en noviembre de 2003, se les sumaría el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien también pasaba por su propia necesidad de reclutar simpatías, ante la inminencia de una derrota masiva entre el electorado venezolano que solicitaba un referéndum revocatorio en su contra. Rápidamente, los diplomáticos altiplánicos salieron a la cacería de otras expresiones de apoyo internacional, con miras a provocar un gran lobby contra Chile. Sus engañosos logros sólo se remitieron a verdaderos cadáveres políticos y personajes de muy baja calidad o en profundo cuestionamiento internacional, como las declaradas simpatías al reclamo de Bolivia de Fidel Castro, Kofi Annan, Jimmy Carter y Hugo Chávez. Era imposible que, en este escenario, no se volviese a la carga retomando la cuestión pendiente del Silala, como veremos, especialmente para frenar el avance de las negociaciones por la salida del gas de Tarija por puertos chilenos.
El fracaso del intento boliviano por internacionalizar el tema durante la Reunión de la OEA celebrada en Monterrey, México, a principios del año 2004 (precisamente cuando vencía el plazo de tolerancia dado a Mesa), en donde el Presidente Ricardo Lagos tuvo oportunidad de revelar al mundo que era Bolivia la nación que había cortado relaciones diplomáticas y se negaba a restituirlas, el Palacio Quemado se vio en la obligación de mejorar sustancialmente su reclamo, para lo cual volvería al asunto del río Silala, una vez más. Ya hemos visto que, en los años 2000 y 2001, Bolivia eludió y rechazó el arbitraje que Chile le proponía. Sin embargo, para el 2004 el asunto había cambiado notablemente, pues, si bien La Paz no conseguía internacionalizar aún su demanda marítima, el Presidente Mesa y el Canciller Siles habían logrado adherir el reclamo de sus aspiraciones portuarias con el asunto del Silala, iniciando una fuerte ofensiva comunicacional y exigiendo que Chile "pagara" los años de utilización de su caudal por las empresas concesionarias. La coyuntura era favorable, ahora, a La Paz para un arbitraje sobre el Silala, al menos dentro de sus proyecciones. Primero, porque Bolivia necesariamente metería allí el asunto de su "mediterraneidad" como había intentado hacerlo el año 2000; y segundo, porque el asunto del Silala en realidad les importaba un bledo, sirviendo únicamente de vehículo para su aspiración mayor. Tan pronto había terminado la Cumbre de Monterrey, la propuesta boliviana comenzó a formalizarse nuevamente en la petición de un corredor al mar con soberanía propia, al norte de Arica, contraviniendo la decisión de La Moneda de hablar de soluciones a la "mediterraneidad" de Bolivia, pero sin cesiones de territorio. Simultáneamente, se pedía revisión del Tratado de 1904, para lo cual alegaba La Paz que las concesiones que Chile planeaba entonces otorgar al puerto de Arica, violaban sus disposiciones. También se propuso un arbitraje para este conflicto, y el Altiplano anticipó que también lo llevaría a la ONU y a la OEA, motivando la reunión de los vicecancilleres celebrada en Santiago el 16 y 17 de febrero, según veremos. Con motivo de un nuevo aniversario de la Guerra del Pacífico, y tras agresivos mítines bolivianos que incluyeron quema de banderas chilenas en El Alto, el gobierno paceño fijó una bullada "marcha por el Silala" para el día 14 de febrero de 2004, anticipando una gran concurrencia y contando con la propaganda de prácticamente la totalidad de los medios de prensa escritos. La caravana, organizada en conjunto con varios organismos sociales de ese país y convocada por un tal Comité Cívico Potosinista, fue anunciada como un gran encuentro que iba a denunciar ante el mundo el "despojo" que Chile realizaba en esas aguas. Debía partir desde Potosí el viernes 13, llegado a mediodía del sábado 14 al Silala. Habían confirmado su presencia, según los organizadores, cerca de 70 organizaciones sociales. Y, durante la primera semana del mes, el propio Canciller Siles había anunciado su decisión de participar del encuentro, rompiendo los protocolos y anunciando su deseo de llevar aquel asunto a un arbitraje... Un "paquete" de mediación que ya incluiría la licitación portuaria de Arica, la cuestión del Silala, la revisión del Tratado de 1904 y, por supuesto, el mentado asunto de la "mediterraneidad". Pero todo marchó mal para el gobierno de La Paz. A las temidas huelgas gremiales que comenzaron por esos días, precisamente, se sumó la visible falta de apoyo internacional a la causa de su aspiración marítima, que acertó sólo entre cabezas tan despreciadas como la de Castro y Chávez, obligando a bajar las revoluciones de la demanda, mientras no se dieran las oportunidades de los foros de la ONU o la OEA. El día 12 llegaba la noticia de que Chile había conseguido en España el apoyo del PSOE a su posición. Dos días después, se conocía la súbita negativa del Presidente "Lula" da Silva, del Brasil por apoyar a Bolivia, que vino a caer como balde agua fría a las pretensiones de La Paz, especialmente cuando el mandatario carioca increpó duramente a Hugo Chávez por su intrusa intervención en una cuestión estrictamente bilateral. La misma actitud favorable a Chile ya había comenzado a verse entre personalidades representantes de los Estados Unidos y diputados de la Unión Europea. No fue extraño, entonces, que para esos mismos días, el Canciller Siles anunciara su decisión de no participar de la marcha hacia el Silala, precisamente cuando faltaban sólo unas horas para el inicio de las reuniones de los vicecancilleres chileno y boliviano -Cristián Barros y Jorge Gumucio, respectivamente-, en la Academia Diplomática de Santiago, los días 16 y 17. Y la amenazante y tan anunciada marcha al Silala del 14 de febrero, a penas logró convocar a unas 100 personas... 20 de ellas, periodistas cubriendo la noticia. El resto, en su mayoría, indígenas simpatizantes del partido MAS, del diputado cocalero Evo Morales. El Silala no sonó, ni trajo piedras. Sin mostrarse dispuesta a soltar el mango de los reclamos, el Palacio Quemado continuó formulando denuncias y tratando de comprometer al Gobierno de Chile en una solución a su medida. Aunque se había intentado aquietar las aguas con una comisión bilateral que "estudiara" el tema, lo cierto es que no había ningún avance ni novedades al respecto. En este período, y concientes de que no podrían llegar a algún tribunal internacional con la pobre argumentación ofrecida hasta entonces, la Cancillería boliviana se concentró en centrar la discusión en que las aguas del Silala corresponderían a un acuífero subterráneo con sus manantiales artificialmente canalizados, para enfrentar así la posición chilena de que se trataba de aguas compartidas. Al llegar Michelle Bachelet a La Moneda, la apertura de la Cancillería de Alejandro Foxley a atender una "agenda sin exclusiones" fue limando progresivamente la porosidad de la diplomacia boliviana, también precavida de que debía estar circunstancialmente en paz con la de Chile, ante la amenaza que representaba la pretensión peruana sobre las aguas de Arica al interés altiplánico de obtener una salida al Pacífico a través de un corredor paralelo a la Línea de la Concordia. Sin embargo, el reclamo portuario boliviano seguía siendo puerta abierta para el intervencionismo internacionalista de la izquierda continental. El 26 de mayo de 2006, Evo Morales, ya con la banda presidencial puesta, firmaba con Presidente de Venezuela Hugo Chávez, un amplio y ambiguo acuerdo que implicaba la construcción de más de 20 bases militares en toda la frontera boliviana, con asistencia y cooperación de Caracas, lo que esto causó escozor entre los cinco países que comparten límites con Bolivia, especialmente en Perú y en Paraguay. En este contexto, el 27 de agosto de 2006 por Presidente Morales anunció la construcción de una de estas bases militares precisamente en el Silala y para albergar unos 30 efectivos del Ejército, según sus palabras buscando "asentar la soberanía boliviana en la zona del Silala" (Diario "El Mercurio", domingo 8 de octubre de 2006). El hecho es que la instalación ya estaba casi concluida, a esas alturas. El Congreso de Chile reaccionó citando al Canciller Foxley y a la Ministra de Defensa Viviane Blanlot para informar de la situación el 10 de octubre. | |||||||||||
