CORRUPCIÓN POLÍTICA
Enviada a todos los Senadores y Diputados de la República el martes 14 de enero 2003. Como nota curiosa, advertimos que el mismo día en que se envió esta nota, la Corte Suprema de Justicia decidió desaforar a los cinco diputados implicados en denuncias de corrupción política en la Cámara. 

Honorables Senadores y Diputados de la República
Presente

Estimado Sr. Parlamentario: 

Con fecha 13 de noviembre de 2000, nuestra Corporación decidió enviar una carta al Presidente Ricardo Lagos Escobar, con copia a todos los Honorables Senadores y Diputados de la República, en la que -sobrepasando la temática de soberanía y fronteras que concentra nuestra actividad- advertimos que el escándalo de las "indemnizaciones" de aquellos días, era un síntoma de algo que estaba ocurriendo de manera progresiva en Chile y que había alcanzado aspectos insospechados de nuestra integridad nacional, como ya lo habrán comprobado los honorables parlamentarios a raíz de los últimos y lamentables acontecimientos que han proyectado la sombra de la corrupción y del tráfico de influencias sobre el propio Congreso Nacional. 

En aquella misma carta, en un párrafo particularmente pertinente a los hechos que hoy fijan la atención de la opinión pública y los medios de prensa, decíamos textualmente: 

"...compatriotas (entre los cuales se cuentan millones, entre cesantes y personas que viven en la extrema pobreza) se han visto despojados de sus derechos por un grupo de personeros de las dos administraciones anteriores, quienes se han adueñado de fondos públicos que no les pertenecen. Con indignación, vergüenza y amargura, hemos asistido a este escandaloso despojo de las arcas fiscales... en los mencionados gobiernos donde se desempeñaron dichos funcionarios, hubo extrañas influencias sobre temas de vital importancia para la existencia del país..." 

El tiempo nos dio la razón en muchos de estos temores y no sólo en el caso de las "indemnizaciones", como podrá recordar cada honorable señor parlamentario revisando su memoria.

Como en la ocasión no hubo muestras de interés de parte de La Moneda hacia nuestras advertencias, decidimos volver a enviar una nueva carta, fechada 22 de mayo del año siguiente. Esta vez, insistimos en la necesidad de crear una comisión investigadora, pues habían antecedentes suficientes para sospechar que gente con cargos públicos de vital importancia estaban usando sus propias investiduras para el beneficio personal o para representar al interés particular de grupos de poder sobre los cuales se respaldaban. Esta vez, mencionamos directamente el peligro de que este flagelo llegase al propio Congreso Nacional poniendo como ejemplo el caso de las coimas que sacudió a Argentina, hace unos años. En una parte de nuestra carta del 22 de mayo de 2001 se lee textualmente: 

"...no hemos recibido ninguna respuesta, señal o indicio de que nuestras consideraciones han sido atendidas, situación que nos obliga a insistir en la necesidad de profundizar en estos hechos y en la posible creación de una comisión investigadora, que aborde el análisis al detalle de la catastrófica gestión que se realizó sobre temas limítrofes durante los gobiernos de Patricio Aylwin Azócar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que a Chile le costó una enormidad de territorio, además de la virtual apertura de debates limítrofes fronterizos ilimitados y a cambio de nada. O, mejor dicho, aparentemente a cambio de "nada"... Chile está siendo arrastrado en ésta y en otras materias, a ser un país sin destino... no ha hecho más que dañar la integridad nacional, situación que se ve favorecida por la lamentable tradición de destinar cargos públicos al pago de favores políticos... Como S.E. sabe, para la nación trasandina el resolver problemas políticos con apoyo monetario es algo codificado como normal y aceptable dentro de su moral colectiva. Ya se vio cuando el ex-Presidente Carlos S. Menem ofreció dinero a las Madres de la Plaza de Mayo para que no repitieran sus "olitas", o cuando aquel gobierno les propuso "comprar" con fuertes sumas de dinero la integración a Argentina a los habitantes de las islas Falkland, y cuando se supo que varios parlamentarios argentinos recibían incentivos económicos (coimas) para influir en sus decisiones... ". 

Es más: ya entonces nuestra Corporación contaba con antecedentes de buenas y muy creíbles fuentes, respecto de que misteriosos personajes -ligados directamente al Gobierno- habían estado ingeniándoselas para desplazar fondos públicos hacia campañas y partidos políticos, mecanismo que entonces creímos asociado al asunto de las "indemnizaciones" que estaban de moda aquellos días, ya que se desconocía aun la existencia de los famosos "sobres" con dineros extras para los ministros y otros funcionarios de Estado, que han hecho noticia últimamente. Respecto de esto, dijimos con abismante exactitud: 

"...esta última polémica ha generado otro rumor que circula con insistencia en la opinión pública, respecto de que un porcentaje importante de las "indemnizaciones" habría sido aportado a los partidos políticos de la Concertación que Ud. representa, para las campañas parlamentarias que se avecinan. Todos estos hechos son, cuanto menos, una prueba clara que desde el insalubre escenario político argentino, la "integración a toda costa" está importando algo más que beneficios, intercambios, fraternidad y buenas costumbres." 

A pesar de que en esta ocasión tampoco fuimos tomados en cuenta, salvo por unos pocos y prudentes parlamentarios que acusaron recibo de la copia de la carta, el paso del tiempo nos ha dado la razón con una precisión que sólo podemos definir como "terrorífica", lo que, lejos de alegrarnos, nos inspira serias y profundas reflexiones sobre el destino hacia el que marcha nuestro país, ya que nuestra posición frente a todo lo sucedido no es que la corrupción haya existido siempre en el nivel que actualmente se ve y que sólo las condiciones de libertad y justicia existentes han permitido desenmascararla, como se ha alegado, sino que, existiendo este cáncer en prácticamente toda la historia de Chile y todos sus Gobiernos, en los últimos años ha alcanzado tales niveles de audacia y magnitud que, simplemente, no pudo ser escondida por más tiempo desbordándose por sí misma sobre nuestra sufrida y castigada sociedad. Y lo que es peor: algunos de estos mismos personajes -como el conocido presidente de un partido político de la Concertación, que fuera sorprendido financiando con dineros del Congreso Nacional la masiva correspondencia para una campaña de autopropaganda- han reasumido roles pretendidamente “fiscalizadores”, en una muestra de impresionante liviandad moral y falta de remordimiento. 

Pero debemos dejar de lado las falsas modestias y hacer notar con remarques que nuestra Corporación fue capaz de advertir y anticipar hechos que sólo en los últimos meses se han conocido públicamente, aún cuando no se nos puso la atención que hubiésemos deseado. En tal sentido, queremos dejar patente nuestra tranquilidad de que actuamos con información veraz y con fuentes fiables, convencidos de cada una de nuestras afirmaciones y procurando estar parados sobre los cimientos de la verdad. La mera y burda especulación sin sustento nunca ha sido nuestro estilo. 

Y finalmente, apelando a esa misma precisión con la que intentamos advertir sin éxito al Presidente de la República de lo que había sucedido y estaba sucediendo entonces, volvemos a insistir a los honorables parlamentarios sobre algo que ya anunciamos también en ambas cartas anteriormente citadas, en relación a todo el proceso diplomático iniciado con el Acuerdo Aylwin-Menem de 1991 hasta las entregas de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Patagónico Sur: que los involucrados en aquella desastrosa gestión antepusieron intereses personales a los nacionales y que, definitivamente, hubo instancias donde se pasó a llevar la propia Constitución y varios tratados internacionales, disposición temeraria que refleja, cuanto menos, la presencia de un tráfico de influencias o ejercicio indebido del poder político. Sólo así se explica, además, que se haya montado un tribunal absolutamente viciado e inválido para la entrega de Laguna del Desierto; o que autoridades que declararon el territorio como incuestionablemente chileno en 1965 y tras la invasión argentina (que costara la vida al joven Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa), ahora declararan su simpatía al hecho de que fuese entregado a Argentina; o que autoridades de la Cancillería de entonces emitieran, en 1991, declaraciones en las que ni siquiera tenían claro qué era Laguna del Desierto y dónde quedaba; que el controvertido ex-diplomático argentino Oscar Spinoza Melo denunciara que todo este proceso fue un “negociado” entre ambos países; que el ex-Presidente que inició esta hecatombe, cuestionara el valor de "pedacitos más, pedacitos menos" de territorio una vez entregado; que para aprobar el Acuerdo Parlamentario para Campo de Hielo Sur, se utilizaran mapas argentinos adulterando posiciones y distancias geográficas, con pleno conocimiento de nuestras autoridades; que tanto el Presidente de la República como su Canciller acataran de inmediato y sin haberlo leído siquiera, el texto del fallo arbitral de 1994, como si estuviese aprobado de antemano; que ambas entregas territoriales hayan sido discutidas en la misma mesa en que se negociaba un proyecto de integración absolutamente comercial y lucrativa, como es el Tratado Minero; que al menos dos de las máximas autoridades involucradas en la primera etapa de esta infame gestión entreguista estén en posesión de lujosos bienes en territorio argentino, adquiridos curiosa y mágicamente en aquellos mismos años; etc. 

Resultaría inoficioso expresar cuánto quisiéramos estar equivocados... Dejaremos que Ud., señor parlamentario, decida íntimamente cuánto podemos o no estarlo. 

Atentamente a Uds. 

Jorge Figueroa Cruz - Presidente
Ramón Arrau Merino - Vice Presidente
Benjamín González Carrera - Director
Eduardo Rojas Ávila - Sub Director