NUEVA CARTA AL CONGRESO NACIONAL
Enviada el miércoles 12 de enero de 2005 

Sr. Presidente del Senado
Honorable Senador Hernán Larraín Fernández

Sr. Presidente de la Cámara de Diputados
Honorable Diputado Gabriel Ascencio Mansilla

Todos los Honorables Senadores y Diputados de la República
Presente 

Sres. Parlamentarios: 

El 13 de noviembre de 2000, enviamos a la Presidencia de la República y al Congreso Nacional la carta titulada "Corrupción, Territorios y Comisión Investigadora", formulando y fundamentando nuestra convicción de que en las negociaciones realizadas entre autoridades de Chile y Argentina, que culminaran en las nefastas entregas territoriales de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Patagónico Sur, estuvieron presentes intereses personales y sombras de influencia similares a las involucradas en los casos de corrupción política que en aquel entonces hacían noticia (las "indemnizaciones", entre otros). 

Ante la falta de interés en nuestra denuncia, insistimos el 22 de mayo de 2001 con una nueva carta al Ejecutivo y Legislativo. Advertimos allí que, de acuerdo a la información de que disponíamos, una parte del flujo de dineros "perdidos" en los mencionados casos de corrupción, podían estar siendo destinados a objetivos electorales, dato que en ese momento resultaba toda una revelación pues no era públicamente conocido y ha terminado prácticamente confirmado tras el avance de las investigaciones al respecto. 

El 14 de enero de 2003 volvimos a insistir al Congreso Nacional. En la ocasión, aludimos a las confesiones del controvertido ex-embajador argentino Oscar Spinoza Melo, oscuro engranaje en la entrega territorial chilena iniciada tras la infame Declaración Presidencial de 1991, y que posteriormente reconociera que todo el proceso diplomático fue un "negociado" entre las partes, haciendo graves acusaciones contra las autoridades de Chile y Argentina en aquellos años, publicadas en un libro de su autoría. Siguiendo la costumbre, nuevamente nos oímos como jilgueros en el desierto de la apatía. 

Finalmente, el 1º de junio de 2004 enviamos nuestra última carta al respecto, esta vez advirtiendo a los honorables miembros del Senado y la Cámara de Diputados que el recién entregado Mensaje Presidencial había hecho omisiones peligrosas sobre el asunto de la corrupción política, cubriéndolo con un manto de piedad francamente escandaloso, similar a la actitud que habían tenido los Diputados de los partidos del Gobierno al votar en bloque contra la investigación de altas autoridades implicadas en otro de los ya famosos casos de corrupción que han hecho noticia y por razones políticas, según ha quedado confirmado por el inusitado cambio de actitud del renunciado Presidente de la Cámara, Honorable Diputado Pablo Lorenzini Basso, frente a las situaciones de público conocimiento que comprometen al Ministerio de Obras Públicas. 

Se comprenderá que, con este largo historial de denuncias y de intentos por hacer que los representantes de la clase política chilena se alzaran contra el proceso de "argentinización" de las conductas y de la moral pública, a estas alturas el enroque de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del BancoEstado, entre los señores Jaime Estévez y Javier Etcheberry, decidido recientemente por La Moneda, no nos resulta para nada extraño, ni siquiera en este Chile donde los puentes se caen solos y los pesados "jarrones" con dineros fiscales se quiebran sin hacer ruido. Conforme a las tradicionales políticas de manejo de fondos públicos en los últimos Gobiernos -mismas que, como hemos demostrado, nuestra Corporación viene denunciando insistentemente desde el año 2000-, esto debe entenderse como un perfecto intercambio de tesoreros entre dos de los organismos estatales más rentables y lucrativos del Estado, en pleno año eleccionario. 

La historia ya juzgó con ferocidad a los que, en el pasado, entregaron nuestra Patagonia a cambio de la ilusión de paz y amistad, y a los que destruyeron nuestros campos bajo dogmas reformistas basados en credos extranjeros y sin arraigo nacional. No nos cabe duda de que en la fila del juicio histórico se encuentran también todos los que han participado, amparado o sido cómplices del frenesí de despilfarro y corrupción del que hoy somos tristes testigos. 

Atte. a Ud. 

CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA 

Jorge Figueroa Cruz, Presidente
Benjamín González Carrera, Director
Eduardo Rojas Ávila, Director
Cristian Salazar Naudón, Secretario General 

P.D.: Muchos se preguntan por qué nuestra organización, dedicada a la defensa de la soberanía y del patrimonio territorial chileno, aparece involucrada en denuncias contra la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. La verdad es que nosotros nos preguntamos lo mismo, pues no tenemos antecedentes confirmados de otro caso actual en el mundo, donde elementos de las clases políticas de un país antepongan tan evidentemente sus intereses personales y egoístas por sobre los intereses nacionales en materias de fronteras, límites y relaciones exteriores, dejando al país en una situación de peligrosa vulnerabilidad.