CARTA AL CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS
Fechada en Santiago el jueves 28 de abril de 2005

Sr. Director / Fundador

Don Arturo Fontaine
Centro de Estudios Públicos
Presente 

Muy estimado señor: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de transmitirle nuestra profunda inquietud por la forma en que las autoridades chilenas han estado manejando criterios de compra y venta de la propiedad privada dentro del territorio nacional, especialmente al Sur de Puerto Montt. 

Nuestra Corporación ha estado en actividades desde 1965, fecha en que el Gobierno de Eduardo Frei Montalva permitió una violenta invasión de personal de gendarmería argentina en el territorio chileno de Laguna del Desierto, que costara la vida al joven Teniente de Carabineros de Chile, don Hernán Merino Correa. Correspondió a nuestra agrupación y a sus ilustres miembros en el  Congreso Nacional declarar esta acción públicamente como un atentado, condenando la casi nula reacción de las autoridades de la época en defensa del interés nacional. En el contexto de las relaciones históricas de Chile y Argentina, por lo demás, este acontecimiento terminó constituyéndose en otra parte del 1.264.000 km.2 de territorio legado por nuestros Padres de la Patria y que Chile ha debido ceder a la vecina república -desde el glorioso 18 de septiembre de 1810 hasta la fecha- en nombre de la paz y la amistad vecinal. 

Al evidente problema geopolítico e histórico que hemos descrito, sin embargo, se suma uno nuevo que, a la larga, puede resultar aun más dañino y peligroso que aquel representado por las intenciones argentinas de proyección a la cuenca del Pacífico o hegemonía en el Cono Sur. Nos referimos al desprecio olímpico que han mostrado los últimos gobiernos de Chile por el valor del territorio nacional, permitiendo el regalo, la enajenación y el traspaso de extensas áreas a manos de personas naturales o jurídicas extranjeras, atentando incluso contra el principio de continuidad territorial y desestimando años de esfuerzos por hacer efectivos planes de colonización, descentralización y desarrollo regional equilibrado. 

Estas personas e instituciones extranjeras se están apoderando de nuestra tierra con la excusa de garantizar la conservación de la naturaleza para mantenerla virgen, despoblada e improductiva, lo que en la práctica significa colocarle un candado y procurar marginarla de toda clase de interacción con el hombre, concepto extremista e insensato para una realidad geográfica, económica y social como la nuestra, que priva al país de soberanía, posibilidades de empleo, explotación racional de recursos y tentativas de generación de energía hidroeléctrica limpia, precisamente en momentos en que se habla de una crisis nacional de energéticos derivada de la misma falta de visión estratégica de las autoridades responsables del problema que señalamos. 

Con alarma e impotencia vemos además, que en el Poder Ejecutivo, en la cómoda intelectualidad nacional y sus círculos, en las autoridades legislativas y judiciales, en las Fuerzas Armadas y en el ambiente político en general, se está repitiendo un fenómeno de desvalorización y menosprecio por el suelo nacional, similar al ocurrido con los derechos patagónicos chilenos cedidos en 1881 a la Argentina, ante el aplauso entusiasta de académicos y los políticos americanistas como Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Mackenna y José Victorino Lastarria. Las funestas consecuencias de esta entrega sólo fueron analizadas y sopesadas años más tarde, cuando ya resultaba imposible revertirlas. 

Como entonces, prácticamente ninguna de las figuras públicas que se muestran indiferentes al problema de la Patagonia austral chilena conoce realmente el territorio del que hablamos o a sus habitantes, salvo para fugaces visitas protocolares y cortes de cintas. De hecho, hasta ahora existe una gran cantidad de autoridades que no han estado jamás en Palena, Melimoyu o Tierra del Fuego y sin embargo, cuando no aparecen indiferentes a lo que sucede en dichos territorios, a veces se ofrecen directamente como defensores de estos regalos y ventas monstruosas de suelo nacional, lo que los hace cómplices por ignorancia. 

Nuestra Corporación ha estado presente permanentemente en la defensa de nuestro territorio y soberanía, habiendo tomado contacto con el Congreso, el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y otras personalidades, pero sin haber obtenido resultados concretos sobre este tema en particular, lo que nos hace sentir que tales esfuerzos, hasta ahora, han resultado estériles. 

Desconocemos la existencia de algún estudio serio sobre la incidencia del territorio nacional en el desarrollo del país y es por esta razón que nos permitimos dirigirnos a Ud. con la intención de que Centro de Estudios Públicos, del cual Ud. es Director, evalúe la posibilidad de incluir este tema fundamental en su programa de trabajo. 

Pretendemos que un estudio de tales características sirva de base para establecer una legislación sobre la regulación de la propiedad agrícola, su explotación económica, la ocupación de todo el territorio y su protección ambiental, determinando la potencialidad de las zonas en consideración de su situación geográfica, recursos naturales superficiales y subterráneos. 

Agradecemos anticipadamente, haga bien en concedernos una entrevista a fin de tener la oportunidad de saludarle y comunicarle en forma directa nuestras inquietudes. 

Saludamos con todo respeto a Ud. 

Jorge Figueroa Cruz (Presidente)
CORPORACIÓN DE DEFENSA DE LA SOBERANÍA 

Ramón Arrau Merino (Vicepresidente)
Benjamín González Carrera (Director Ejecutivo)
Eduardo Rojas Ávila (Director)
Cristian Salazar Naudón (Secretario General)